De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, en las últimas horas se expidió la Directiva 012, que da orientaciones para las autoridades competentes en educación de los departamentos, distritos y municipios y los rectores de los establecimientos educativos no oficiales; jardines infantiles y colegios privados, frente a la continuidad en la prestación del servicio público de educación inicial, preescolar, básica y media.
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La Directiva señala que, según la evolución epidemiológica de la pandemia por el Covid-19 en el país y de acuerdo a las disposiciones de las autoridades durante la emergencia sanitaria, se amplía la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de julio para la población estudiantil de los niveles de educación inicial, preescolar, básica primaria y secundaria y, media de establecimientos educativos no oficiales de todo el país.
La circular del Ministerio de Educación asimismo, contiene las orientaciones para que con la debida anticipación cada establecimiento educativo privado en coordinación con las autoridades sanitarias competentes, inicie la preparación y acciones requeridas para organizar un retorno gradual y progresivo de la prestación del servicio educativo en las aulas a partir del 1 de agosto, bajo un esquema de alternancia que combina el trabajo académico presencial y en casa bajo diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes.
Desde El Ministerio hacemos una invitación para que, en cada espacio y contexto local y regional, se fortalezca el trabajo intersectorial con las respectivas autoridades para preparar las condiciones de retorno a las aulas bajo condiciones de bienestar de la comunidad educativa, acorde con las exigencias de la emergencia sanitaria y las disposiciones del Ministerio de Salud, indicó la ministra María Victoria Angulo.
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Finalmente, informó que en los siguientes días se emitirá un lineamiento que será referente para la transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial y la implementación de prácticas de bioseguridad que reduzcan el riesgo de contagio de COVID-19 en la comunidad educativa.