Mandatarios territoriales han recibido falsas llamadas de la Contraloría
27 Mayo 2020
07:24 AM
Contraloría denunció suplantación de funcionarios de la entidad con fines ilícitos
Mandatarios territoriales han recibido falsas llamadas de la Contraloría.
Mandatarios territoriales han recibido falsas llamadas de la Contraloría General de la República, denunciando el organismo de control suplantación de funcionarios de la entidad.
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De acuerdo a información suministrada por la Contraloría General de la República, personas inescrupulosas se estarían comunicando vía telefónica, de manera ilícita, con Gobernantes locales y territoriales, usurpando la identidad de altos funcionarios del organismo de control fiscal.
La ocurrencia de estos hechos ha sido informada a la entidad por algunos mandatarios territoriales, quienes han manifestado recibir llamadas para citarlos y hacer algún tipo de negociación ilícita para frenar aparentemente investigaciones de carácter fiscal.
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Dichas comunicaciones, tendrían el fin de citar con fines ilícitos a funcionarios públicos y ciudadanos, invocando lo dispuesto por el Contralor General de la República en la Circular 06 de 2020, que determina el protocolo provisional para la atención de denuncias, y en la Resolución 0753 de 2020, expedida en el marco de todas las actuaciones que se desarrollan en el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante, a la inversión de los recursos públicos en medio de la emergencia por el Covid-19.
Sobre el tema, la Contraloría General de la República, informó que cualquier citación a funcionarios públicos, es realizada por la entidad haciendo uso de los medios oficiales, por medio de los cuales se desarrolla un registro específico de cada una de las citaciones y acciones realizadas por el ente de control, y, bajo ninguna circunstancia, a través de llamadas telefónicas.
La CGR ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y pidió oficialmente adelantar la investigación correspondiente, contra quienes estarían realizando la suplantación de identidad de los funcionarios de la entidad, con el fin de evitar que dichos actos ilegales puedan culminar en hechos delincuenciales o estafas a ciudadanos de buena fe u otras posibles conductas delictivas.
