Oscar Parra, Director de Tránsito de Armero, respondió a los señalamientos que elevó el Alcalde de esta población Carlos Escobar, en su contra por lo Los presuntos hechos de corrupción y persecución que se estarían presentando de su parte en contra de las personas de esta población y que se hizo aún más evidente con un amigo cercano del mandatario.
Parra inicialmente desmintió tajantemente a los cuestionamientos sobre los posibles casos de persecución y falta de atención del mismo hacia la población, aclarando que los horarios de atención al público que él implementa son asignados desde la Dirección Departamental de Tránsito y por ende son normas y directrices que él debe cumplir sin ningún tipo de reparo.
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Así mismo dio claridad a lo ocurrido con un amigo del Alcalde, quien denunció que una persona cercana a su administración le inmovilizaron el vehículo por razones muy válidas, pero que al momento de presentarse con la documentación respectiva se le habría obstaculizado su derecho a recuperar su automotor, ante esto Parra afirmó que la versión entregada por el mandatario local no es del todo cierta.
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Indicó que en cuánto al vencimiento de la Tecnicomecánica del rodante inmovilizado, este documento no llevaba de vencido un día ni dos, por el contrario llevaba un año de haber perdido caducidad y esto sumado a varias infracciones de tránsito por asuntos relacionados con exámenes que dieron positivo en el caso de la prueba de alcoholemia en el pasado, esto habría determinado la toma de la decisión de no sólo la inmovilización, también de la aplicación de varias de las normas del Código Nacional de Tránsito.
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Cuestionó también la posición del Alcalde al respaldar a esta persona que si bien es cercana al despacho municipal, estaba infringiendo una norma, agregando que esto puede demostrarlo sin problema alguno, con el propósito de responder a los cuestionamientos que se le ha elevado por parte del burgomaestre.
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Por último el funcionario departamental agregó que las de demoras en la entrega del vehículo una vez presentada la documentación por el afectado se deben más a una norma que le toca aplicar, y no a un presunto caso de persecución de su parte como se quiere hacer ver.