¡Alarmante! Alcaldía de Ibagué enfrenta más de 3.800 procesos judiciales en su contra
Recientemente, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró a la alcaldesa Johana Ximena Aranda en desacato por no cumplir con una sentencia que ordenaba la reubicación de familias en riesgo en el sector del Hato de la Virgen. Esta sanción incluye un arresto intramural de 20 días para la mandataria.
Tirso Bastidas, Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, aclaró que la alcaldesa no deberá cumplir la orden de arresto de manera inmediata.
“Estamos tranquilos porque no se hará efectiva la orden de arresto de forma inmediata. Ejerceremos los mecanismos legales correspondientes para hacer valer nuestros derechos, y será el Consejo de Estado quien confirme o no esta decisión”, afirmó Bastidas.
De acuerdo con Bastidas, la administración municipal enfrenta un panorama complicado debido a una herencia recibida que incluye más de 3.000 procesos activos en su contra.
“Hasta la fecha, tenemos 3.800 procesos activos contra la administración municipal, entre los cuales se encuentran 666 acciones populares, además de 400 sentencias con fallo y 176 incidentes de desacato. Esto significa que, por más que la alcaldesa desee cumplir con una orden judicial, será prácticamente imposible”, explicó.
El jefe de esta dependencia enfatizó que son 400 sentencias que actualmente deben cumplirse, lo que representa un costo millonario para el municipio. “Si la alcaldesa se dedicara a cumplir todos los fallos judiciales, su administración se vería paralizada y no podría invertir los recursos necesarios en otras áreas”.
Bastidas aseguró que se están realizando todos los esfuerzos posibles para responder a cada una de las acciones judiciales; sin embargo, tanto económica como físicamente será inviable cumplir con todas las sentencias.
“Es un tema complicado. Una alcaldesa como Johana Aranda no podría enfocarse en su plan de gobierno si debe priorizar el cumplimiento de órdenes judiciales. Además, se necesitaría destinar todo el presupuesto municipal para atender estas sentencias”.
Finalmente, el jurista mencionó otras acciones populares que exigen, por ejemplo, la recuperación del río Chipalo en su totalidad, un proceso que podría costar más de $50.000 millones. “La alcaldesa ha heredado un panorama bastante preocupante y exigirle el cumplimiento de todas estas sentencias no sería adecuado, especialmente sin contar con los recursos necesarios”.
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