Gobernador pidió declarar nulo el acuerdo que prohíbe la megaminería en Ibagué

En las últimas horas, el Departamento Jurídico de la Gobernación del Tolima radicó el documento ante el Tribunal Administrativo del Tolima donde solicita declarar nulo el acto administrativo que fuera aprobado por el Concejo de Ibagué y sancionado por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

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En el documento, el gobernador Óscar Barreto presentó el acuerdo 012 que fuera aceptado el pasado 11 de agosto por la administración municipal, donde se establece la prohibición de la explotación minera de metales y minerales a mediana y gran escala, exigiendo que el mismo se declarara nulo debido a que habrían violado las normas de la Constitución y otras leyes.

De acuerdo al análisis realizado al acto administrativo, se habla sobre prohibir una actividad ilícita, pero no se justificó qué tipo de metales y minerales por lo que quedó indefinido e indeterminado el acuerdo suscrito por la alcaldía de Ibagué, manifestando que el alcalde y los conejales “Concejo interpretaron de forma errónea el principio de autonomía territorial, pues los contenidos que conforman este principio no pueden ser entendidos o interpretados de manera aislada o descontextualizada con otros contenidos de nuestro sistema constitucional”.

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El Departamento Jurídico indicó que la administración habría incurrido en la violación de los artículos 80 y 332 de la Constitución Política, donde se establece que es el Estado quien planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, ya que es el propietario del suelo y subsuelo, por lo que al prohibir este tipo de actividades se estaría afectando el patrimonio jurídico de la Nación.

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Según el mandatario de los tolimenses, los concejales y el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo extralimitaron sus funciones por asumir competencias que le fueran asignadas a la Agencia Nacional Minera, ya que para emitir este tipo de determinaciones se debe tener un acompañamiento del Gobierno Nacional quien puede brindar la información necesaria, teniendo en cuenta que se trata de un tema de ordenamiento territorial.

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Es así como se pudo establecer que la petición hecha por el Gobierno Nacional fue acogida por la Gobernación del Tolima y ahora es el Tribunal Administrativo quien deberá determinar si aprueba o no el acuerdo 012, concluyendo la petición del gobernador que se entiende que este acuerdo se hizo con buenas intenciones y buena fe “buscando la protección del medio ambiente y de algunos recursos naturales especialmente del agua”.

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