“Hurtado fue ligero y debe asesorarse mejor” Abogado
Durante las sesiones que se han adelantad en el concejo de Ibagué, una grave denuncia en contra del mandatario municipal, Andrés Fabián Hurtado, tras emitir el decreto 1046 del 13 de enero del 2020 donde se ordena que los ‘Agentes Azules’ no podrán realizar operativos de tránsito en Ibagué.
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De acuerdo al abogado Armando Escobar, representante de la Asociación Sindical Agentes de Tránsito en Ibagué, ASAGETRAN, dentro de la administración durante los primeros días se han presentado varias irregularidades entre ellas las disposiciones que ha tomado el mandatario local respecto al trabajo que deben realizar los Agentes de Tránsito.
Escobar ha manifestado que de no retractarse o derogarse el decreto emitido, será la Superintendencia de Puertos y Transporte como órgano de control adscrito al Ministerio de Transporte quien debe iniciar sus respectivas investigaciones.
Para el profesional en Derecho, el alcalde debe acatar la Ley 1383 del 2010 y retractarse, teniendo en cuenta que la autoridad para que os agentes azules puedan realizar los operativos de transito debe continuar.
“Ellos no tienen por qué estarle pidiendo consentimiento al alcalde de turno para elaborar comparendos porque de acuerdo al artículo 135 de la ley 769 del 2002 modificado por el artículo 22 de la ley 1383 del 2010 determina que, ante una infracción de la norma de tránsito la autoridad competente son los agentes de tránsito” explicó el abogado.
Además, sostuvo que el mandatario municipal fue ligero, apresurado y mal asesorado respecto a las últimas decisiones tomadas desde su administración.
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“Sin Dios ni Ley”
Así lo calificó el concejal del partido Liberal, Javier Mora, las determinaciones por parte de Andrés Fabian Hurtado, resaltando en medio de su intervención que, de no corregir dicha decisión, la ciudad de Ibagué estaría corriendo el riesgo que se incrementos las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad.
Además, aclaro que por ley, la policía de tránsito con quien se quiere adelantar un convenio para controlar la movilidad de la ciudad, no es viable, teniendo en cuenta que esto no estaría permitido por la constitución.