"La suspensión de los servicios en la permanente Central es responsabilidad del contratista": Daniel Soto

El Secretario de Gobierno encargado Daniel Soto Mejía, respondió por la suspensión de los servicios de luz y agua que se presenta en las instalaciones de la Permanente Central en la Avenida Ambalá con calle 41, situación que tiene a la personas detenidas en precarias condiciones.

Según el funcionario, se presentó un conveniente en los meses de junio y agosto con los contratistas que dejaron de cancelar dos meses de los servicios de agua y luz, generado retraso en los pagos y el corte de los servicios por parte de los operadores. "Ya estamos solucionando el inconveniente, en este momento la permanente central ya cuenta con el servicio de agua el cual fue suspendido por dos días, esperamos que en el transcurso de los días se solucione el inconveniente del servicio de energía y poder cancelar el mes y medio que duró el impasse de este establecimiento con un tema contractual".

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Por otra parte el funcionario confirmó que mediante un contrato el municipio cancela arrendamiento del bien inmueble donde funciona el centro de protección, sitio donde se llevan a las personas que alteran el orden público y tienen alto grado de exaltación. "Se van a tomar las medidas respectivas y esperamos que en el transcurso de los días se restablezca el servicio energía", aseguró el funcionario.

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Este centro de protección funciona cuando un ciudadano altera el orden público y se encuentra en ciertas condiciones de exaltación a donde la Policía Nacional lo traslada  por un máximo de 12 horas.

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De otra parte el funcionario confirmó que los jurídicos de la Secretaría de Gobierno están analizando posibles sanciones por el incumplimiento que ha tenido el contratista en el pago los servicios públicos, pero advirtió que está cumpliendo con las obligaciones del arrendamiento, donde se presentó un incumplimiento contractual de lo que se tenía presupuestado para la cancelación de los servicios públicos.

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Por último Daniel Soto confirmó que en el nuevo contrato para el arrendamiento del bien inmueble donde funciona el centro de protección, el municipio será el responsable de cancelar los servicios públicos.

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