Néstor Saavedra salió en su defensa y dice que no hay estafa con el terreno de Aparco
Todo un novelón se está viviendo con un predio de siete hectáreas en el sector de Aparco, zona rural de Ibagué, por la legalidad de la representación legal del terreno o la posible venta para construcción ilegal a personas de bajos recursos.
En esta oportunidad, Néstor Darío Saavedra Guerrero, le aclaró a La Cariñosa 1.420 AM que él sigue siendo, según sus palabras, representante legal de la Fundación Olama ONG Ibagué, y bajo esta premisa canceló la compraventa con el dueño del predio, y devolverá la plata para aquellos ciudadanos que creyeron en el proyecto.
Se trata así de más de 350 millones de pesos que ya se había dado para una iniciativa de proceso productivos para personas víctimas del conflicto armado en el municipio.
"Aquí no estamos vendiendo lotes, lo que tenemos a través de la Fundación Olama ONG Ibagué son proyectos productivos con familias víctimas y vulnerables del conflicto armado. Como no funcionó decidimos devolver el predio y acabar la compraventa, además yo sigo siendo el representante legal, la señora Eliana no lo es", explicó Saavedra Guerrero.
Agregó, que la señora Olga Lucía Amaya era la vicepresidenta de la Fundación, y según sus palabras, incitó a otras personas que integran la junta directiva para sacarlo del cargo cuando hizo un viaje a la ciudad de Boyacá, en el mes de diciembre de 2020.
"Aquí con la llegada de Eliana lo que hicieron fue hacerle daño a más de una persona que tenía la ilusión de tener un terreno propio en la localidad de Aparco, aclaró, no estábamos vendiendo, sólo afiliando (…)", puntualizó.
Finalmente, señaló frente a los dineros que efectivamente recibió más de 350 millones de pesos, y los entregará, para que no se haga efectiva una cláusula de cumplimiento por parte del dueño del terreno William Alvarado.
"Yo hice un acuerdo con el señor William para no vernos afectados en devolver el terreno y los dineros dados. Todo lo hice porque sigo siendo el representante legal".
El proceso seguirá su curso en la Fiscalía y en la Secretaria de Gobierno de Ibagué donde reposan las respectivas denuncias.