Por manejo irregular de recursos públicos, la Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal en contra del FFIE
De acuerdo a lo publicado en las últimas horas por parte de la Contraloría General de la Republica, el ente de control a nivel nacional inició proceso de responsabilidad fiscal en contra del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, por el manejo irregular de recursos públicos para la destinación de las obras de jornada única en donde también esta incluida la ciudad de Ibagué.
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En total se investiga la destinación de por lo menos $559.853 millones de pesos de los cuales $140 mil millones fueron destinados para las obras de 27 instituciones educativas de la capital del Tolima, en donde por medio del convenio 1291 de octubre de 2016, la administración municipal destinó $60.000 millones.
Según el ente de control, con ese dinero, se tenía planteado la construcción de 123 colegio s “tipo 10” de 24 aulas de clase con su biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas, que equivalen a un total de 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes.
Los puntos a investigar están relacionados con posibles actos de corrupción teniendo en cuenta que se encontraron proyectos abandonados, mayores valores pagados por metro cuadrado, pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias, ambiente escolares no construidos, costos desproporcionados de interventoría y gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia asociados a la unidad de gestión del FFIE.
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De los 541 proyectos priorizados por el FFIE, 311 son objeto de investigación dentro de este proceso de responsabilidad fiscal y los 230 restantes que se encuentran en una fase muy inicial hacen parte de la estrategia de seguimiento “Compromiso Colombia”, que adelanta la CGR a través de sus Delegadas de Participación Ciudadana y Sector Social.
A junio de 2019, se encuentran terminadas 102 Instituciones Educativas, con 2.193 aulas, de las cuales apenas se han entregado 15, que corresponden a 230 aulas, para administración y puesta en funcionamiento por parte de las entidades territoriales.
Por lo anterior, un vez culmine la investigación, se definirá quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y contratistas vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento.
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En total son 65 personas vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal entre los cuales se incluyeron miembros de la Junta Administradora del FFIE, miembros del Comité Fiduciario, contratistas de obra, contratistas interventores de obra e integrantes del consorcio FFIE Alianza BBVA, para que expliquen sus actuaciones y posibles omisiones.