Procurador General de la Nación estaría vinculado en el contrato con organización Sarmiento

Varios abogados advirtieron que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes podría investigar a Fernando Carrillo, por haber mantenido aparentemente un contrato con la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, tras conocerse de su elección como procurador general de la Nación.

En las denuncias de la periodista Vicky Davila en su columna de la Revista Semana, la periodista afirmó que “Fernando Carrillo fue elegido procurador general de la nación el 27 de octubre de 2016. Solo un mes y medio después, el 9 de diciembre, le presentó su carta de renuncia a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde trabajó durante un año. Conocí la misiva y pienso que definitivamente Carrillo está impedido para conocer sobre cualquier proceso en el que tenga intereses Sarmiento, el hombre más rico de Colombia”.

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Otro aparte de la columna destaca que “el contrato de Carrillo como asesor de Sarmiento se hizo a través de la empresa Adminegocios de propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, el cual se inició el 1 de diciembre de 2015 y terminó el 15 de diciembre de 2016, por un valor de 89 millones de pesos mensuales. Es decir que el elegido procurador, aún sin posesionarse en el cargo, alcanzó a cobrarle cuatro quincenas más a su jefe, por un valor de 178 millones de pesos; en total, su contrato fue de 1.112 millones de pesos aproximadamente”.

En diálogo con RCN Radio, el abogado Francisco Bernate afirmó que la Comisión de Acusación podría entrar a analizar la situación sobre ese contrato y definir eventualmente si existen los elementos o no, para dar apertura a una investigación sobre el particular.

Bernate a su vez indicio que Carrillo al sostener ese contrato sin haberse posesionado como procurador general no configuraría un impedimento en el caso Odebrecht, ya que se habría realizado como particular.

“Son varios los aspectos que se desprenden de este hecho. Lo primero es que no por haber sido contratista de una entidad de inmediato surge una inhabilidad, la inhabilidad surge es respecto de un asunto en concreto, cuando él haya conocido por ejemplo de un negocio, después no puede investigarlo como funcionario público”, sostuvo.

El abogado añadió que “estas inhabilidades surgen una vez que se toma posesión del cargo y mientras no se ha dado la posesión, la persona sigue siendo un particular. Sin embargo, si el asunto debe ser analizado le corresponderá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes”.

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A su turno, el abogado Iván Cancino indicó que Carrillo debería declararse impedido en las investigaciones en donde esté supuestamente involucrado el Grupo Aval.

“El procurador debería reflexionar un poco más profundamente y no sacar un impedimento general porque eso no es correcto y la ley no lo dice, sino cada vez que tenga en su escritorio algo que resolver donde el Grupo Aval tenga relación debe declararse impedido, pero si llega algo que no sea del Grupo Aval no tiene porque declarar impedido”, puntualizó.