Procuraduría investiga a Francy Ardila por presunto derroche en viáticos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la expersonera municipal de Ibagué, Francy Johana Ardila Salazar, por presunto exceso en los viáticos gastados en comisiones de servicios durante 2022 y 2023.
Según denuncia de los medios de comunicación, en menos de un año la exfuncionaria habría gastado más de $ 55 millones en viáticos ordenados y pagados a ella por dicha entidad, con lo que podrían haberse vulnerado las normas de austeridad en el gasto público.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué solicitó a la Personería información sobre las comisiones efectuadas y pagadas en los años ya señalados, así como los informes rendidos por la investigada en cada una de las delegaciones efectuadas y pagadas.
El Ministerio Púbico también busca establecer qué funciones cumplió Ardila Salazar en los eventos a los que asistió y si los gastos de desplazamiento, alojamiento o viáticos fueron sufragados por las entidades convocantes. Con esta investigación el ente disciplinario busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
Suspendido exalcalde de Neiva
La Procuraduría General de la Nación profirió fallo de primera instancia en contra de Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva, y le impuso una suspensión de cinco meses en el ejercicio del cargo, por incumplir con el mínimo del 30 % de participación de la mujer en la designación de cargos de otros niveles decisorios distinto al máximo, según la Ley de Cuotas, en las vigencias 2020, 2021 y 2022, mientras se desempeñaba como mandatario de la ciudad.
En el fallo se explicó que los nombramientos de personal femenino por un periodo parcial no honran lo fijado en la Ley 581 de 2000, que procura la materialización de acciones en pro de la igualdad real y efectiva de la mujer en la participación de los cargos del nivel decisorio de las entidades públicas, más aún cuando el tiempo de permanencia en el cargo no es significativo; de ahí que dichos empleos deben ser ocupados de manera constante por mujeres en al menos un 30 %, y en los lapsos en que ello no suceda, por menores que sean, se está vulnerado la norma.
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