Procuraduría solicitó a gobernantes de todo el país garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios

De acuerdo al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, deberán priorizar en el presupuesto, las inversiones en acueducto, saneamiento básico y subsidios, para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios en los municipios y departamentos del país.

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El jefe del ente de control a través de la Directiva 022 de 2019, alertó sobre las ineficiencias generadas por el incumplimiento en la prestación de estos servicios reflejadas en el ‘Informe Nacional de Monitoreo del Uso y Ejecución de los Recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP – APSB’ del año 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Con base en ese informe, el Ministerio Público identificó que 528 entidades territoriales destinan los dineros del SGP - APSB a actividades distintas a las establecidas en la ley, como ocurre con 307 municipios entre ellos Ibagué, que no están cubriendo los pagos de subsidios, situación que dejaría en riesgo la prestación de los servicios públicos domiciliarios a aproximadamente el 30% de la población del país. Además, 1.043 municipios no cuentan con su estratificación actualizada, lo que afecta el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.

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Carrillo Flórez solicitó poner en funcionamiento los fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, a partir de los cuales los usuarios de estratos altos, comerciales e industriales subsidian con sus contribuciones a personas con menores ingresos, y pidió ceñirse a la norma que indica que cuando los dineros no sean suficientes para cubrir a los estratos 1, 2 y 3, la diferencia debe ser asumida con recursos de las entidades territoriales.

Instó a las autoridades a actualizar, adoptar y difundir la estratificación socioeconómica municipal a los usuarios y garantizar una correcta focalización de los recursos asignados para subsidiar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, en línea con las metodologías aprobadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), orientadas por criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

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Advirtió que los alcaldes deben crear un Comité Permanente de Estratificación al que tendrán que presentar el costo anual del servicio de estratificación de inmuebles, para que sea incluido en el presupuesto y tenido en cuenta en un concurso económico de los prestadores de servicios de la jurisdicción.

Así mismo, recomendó priorizar las partidas presupuestales para inversión en acueducto, saneamiento básico y subsidios, y en el caso de los municipios descertificados formular y presentar ante el respectivo departamento, antes del 24 de enero de 2020, un plan de gestión de agua potable y saneamiento básico, entre otras actividades.

El Procurador General puntualizó que el incumplimiento en la gestión de los servicios públicos domiciliarios puede generar acciones de orden disciplinario.