Radican proyecto de ley que busca gratuidad en los servicios que presta la Registraduría Nacional
Miles de colombianos no han podido acceder a los múltiples beneficios económicos que ha adoptado el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del Covid-19 debido a la falta de financiación para obtener o recuperar sus documentos de identificación.
Es por esto que a través del proyecto de ley 331 del 2020, liderado por Astrid Sánchez Montes de Oca y otros representantes a la Cámara pertenecientes al Partido de la Unidad, se busca garantizar que los servicios que son inherentes a la identificación para el disfrute de la personalidad jurídica, sean totalmente gratuitos para todas las personas de tal manera que las entidades que prestan sus servicios por órdenes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no puedan realizar ningún cobro por dichos servicios.
Es decir que documentos como: Duplicados y rectificaciones de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad por pérdida, deterioro o corrección de datos, copias y certificaciones de registro civil y certificaciones de información que no son objeto de reserva, no tendrán ningún costo para los colombianos.
Es muy importante señalar que uno de los antecedentes más relevantes para poner en marcha esta propuesta, fue que el 05 de febrero del presente año (2020),antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del presidente de la República, se expidió el incremento de las tarifas de los diferentes servicios que presta la Registraduría Nacional, a través de la resolución, No. 1204, lo que de una u otra manera, en el contexto actual, puede ocasionar que la entidad se convierta en una intermediaria financiera entre el Estado y la Comunidad, situación que bajo ninguna circunstancia en el marco jurídico, puede suceder.
Finalmente, cabe añadir, que para Astrid Sánchez y los demás representantes que lideran esta propuesta, la importancia de este proyecto de ley radica en que cuando la Constitución Política, consagra los servicios Públicos como una responsabilidad inherente a la finalidad del Estado, los eleva a la categoría de fundamentales, es decir, que sin ellos no es posible la existencia del ser humano.