Megaminería afectaría a Ibagué, Valle de San Juan, y otros municipios por la empresa HOLCIM
En una alarmante declaración, el concejal del municipio de Valle de San Juan, Luis Alberto Villanueva, ha denunciado la llegada de la empresa Suiza Holcim, especializada en la producción y comercialización de materiales de construcción, como cemento, hormigón y áridos. Villanueva advirtió que esta actividad de megaminería podría tener un impacto negativo significativo en varias comunidades de la región.
“Me siento preocupado, esto afecta a Valle de San Juan e Ibagué. La planta de cemento estará ubicada en Buenos Aires, ocupando un terreno de 70 hectáreas. Además, San Luis y Guamo también se verían afectados por esta minería”, afirmó el concejal en una rueda de prensa.
La operación de Holcim implica la movilización de más de 800 toneladas de material por hora, utilizando una banda transportadora de 22.5 kilómetros que conectará Valle de San Juan con la planta en Buenos Aires. Este proceso dejará un agujero de más de 400 hectáreas en el paisaje, donde se extraerá el material de las zonas de Filadelfia y Buena Vista Baja.
Villanueva también criticó las prácticas de la empresa, que, según él, engaña a los campesinos al prometerles empleo y la apertura de restaurantes. “El material será extraído con tecnología de punta, lo que significa que la comunidad solo verá pasar el polvero, sin los beneficios que se les han prometido”, lamentó.
Aunque Holcim aún no cuenta con todos los títulos necesarios para operar, los estudios para obtener las licencias están avanzados, y se espera que, una vez firmada la licencia, la construcción de la planta comience de inmediato. “En este momento, ningún representante de Cortolima se ha manifestado en Valle de San Juan. No sabemos cómo van los procesos. El concejo no otorga licencias, solo informa a la comunidad sobre lo que sucede con esta compañía”, explicó Villanueva.
La denuncia ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes temen que la llegada de Holcim comprometa la salud pública y el medio ambiente, además de afectar la economía local. La comunidad espera respuestas claras de las autoridades y un diálogo abierto que garantice la protección de sus derechos e intereses.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y supervisión de las actividades mineras en Colombia, así como la importancia de involucrar a las comunidades en las decisiones que afectan su entorno y su futuro. La situación en Valle de San Juan es un llamado a la acción para que se priorice el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental.
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