Ministra de Justicia se reunirá con el Gobernador del Tolima para tratar temas de COVID-19 en las cárceles del Departamento
La cruda situación que se está viviendo en la cárcel de El Espinal, donde 697 personas privadas de la libertad y 18 guardias del INPEC han dado positivo para COVID-19, cifras que posicionan a la ciudad de la tambora como uno de los municipios más afectados por cuenta del coronavirus, teniendo en cuenta que, a la fecha, sumando a los contagiados fuera del penal, la ciudad de la tambora tiene ya 901 casos positivos.
El Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, informó a través de Alerta Tolima de las Noticias Populares de la Cariñosa como el próximo miércoles 15 de julio, a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo un comité entre la administración departamental y la Alcaldía de El Espinal con el Director del INPEC, el brigadier general Norberto Mujica Jaime, y la Ministra de Justicia y Derecho Margarita Cabello para llegar a un consenso sobre el brote de COVID-19 en el centro penitenciario del Espinal.
Con esta reunión se buscará analizar y revisar lo que ha sucedido en la cárcel del Espinal y en el penal de Coiba Picaleña, razón por la cual se espera que con este comité se tomen decisiones de fondo que ayuden a frenar la pandemia en estos centros carcelarios.
Del total de los 715 casos COVID-19 positivo en el centro carcelario, 18 pacientes ya se encuentran recuperados, mientras que 575 están asintomáticos y los 94 restantes tienen sistemas respiratorios. Por fuera de la cárcel, en el municipio de El Espinal, hay 204 personas que han sido afectadas por el coronavirus, no obstante, 162 ya se han recuperado, existiendo solamente 33 casos activos, de los cuales 3 se encuentran hospitalizados en unidad de cuidados intensivos.
Además, el Gobernador del Tolima anunció que ha sostenido conversaciones con el Coronel Rodolfo Carrero Villamil, comandante del Departamento de Policía Tolima, y el alcalde del Espinal Juan Carlos Tamayo Salas para que se empiecen a imponer los comparendos en el municipio en contra de las personas irresponsables que no están respetando las medidas de bioseguridad y aislamiento, procediendo con la judicialización de aquellos que no quieran atender las recomendaciones para evitar que la pandemia se siga propagando.