Por contratos Covid-19 Contraloría abrió proceso fiscal contra Gobernador Ricardo Orozco por $2.121 millones

En rueda de prensa conjunta de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la República, para la tercer entrega de los resultados de investigaciones relacionadas en la contratación para atender la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia Covid-19, se reveló la apertura de tres procesos de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, por $2.121 millones, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo, por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de comunicaciones para divulgación de prevención de la pandemia.

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• Contratos Investigados por responsabilidad fiscal

De acuerdo al organismo de control fiscal, el primer contrato investigado por presuntos sobrecostos con responsabilidad fiscal es por $1.151 millones, tiene que ver con la ejecución del contrato N°0494 del 26 marzo, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo, para atender las familias más vulnerables del departamento en medio de la pandemia Coronavirus Covid-19.

De acuerdo a la Contraloría General, los presuntos sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 millones.

Las investigaciones revelan que la tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto por $1.151.562.41 millones.

El segundo proceso de responsabilidad fiscal es por $827.533.223 millones, presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril, por $5.000 millones, celebrado con la empresa ENRED GROUP S.A.S. para la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo.

Según la entidad de control fiscal, el presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 millones.

Para la Contraloría General, se habría dado un presunto mayor valor pagado por $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato.

Por último, la Contraloría General también abrió proceso de responsabilidad fiscal por $143 millones, por la intermediación innecesaria en el contrato 493 suscrito con la firma LEON GRAFICAS S.A.S, para la prestación de servicios y ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”.

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Según lo anterior, la Contraloría argumentó que, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55%, porcentajes que no se encuentran justificados.

Para finalizar, la Contraloría reveló que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID-19, verificando que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al mandatario seccional con nombre propio en al menos tres ocasiones.