Procuraduría abrió 10 procesos disciplinarios por contratación en emergencia COVID-19

La Procuraduría General de la Nación dio apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

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Para el Procurador General Fernando Carrillo. “Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”.

De otro lado el jefe del Ministerio Público advirtió que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del COVID-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, que fueron firmados desde el pasado 20 de marzo y superan los $800.000 millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80.000 millones de pesos.

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”, agregó Carrillo Flores.

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Contratos investigados:

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones.

En Atlántico contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750 y las compras de mercados en los municipios de Soledad, por $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

En el departamento del Cesar la Procuraduría investigan sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación.

En Arauca se investiga el valor pagado por productos como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta se abrió investigación al contrato para la edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, a cambio de procesos que ayuden a superar la crisis sanitaria a causa del Coronavirus COVID-19.

En el departamento de Cundinamarca se abrieron investigaciones por sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las alcaldías de La Palma y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

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En San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus COVID-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país.

De acuerdo a lo anterior, para el Procurador General, se están utilizando los recursos de los más vulnerables y los menos favorecidos para hacer política en las regiones, advirtiendo que ni los diputados y concejales no tienen nada que ver y hacer en la entrega de las ayudas.

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Los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”, sentenció el Procurador.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres", concluyó el jefe del organismo disciplinario del país.