Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Alcalde de Palocabildo

La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez Velásquez, y del Secretario General y de Gobierno, Juan Manuel Troncoso Villamizar, por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato por $72 millones sin cumplimiento de requisitos legales y presunta falsedad ideológica en documento público, para el acompañamiento de los planes de acción contra la contingencia del Covid -19.

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Se investigan las denuncias de la exsecretaria de Salud del municipio, Victoria Fernanda Suárez Pava, quien aseguró que pese a su negativa de aceptar ser la supervisora del contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) apareció publicado el 21 de abril, un documento de fecha 1 de abril, donde figura que el original fue firmado por ella, hecho que la exfuncionaria niega. Además, para la supuesta fecha de la firma del contrato, este no contaba con disponibilidad presupuestal.

Hay que recordar que un gigantesco operativo adelantado por la DIJIN de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantado en todo el país, fue capturado el Alcalde de Palocabildo, Nelson Gómez, luego de verse salpicado en casos de corrupción en medio de las investigaciones que se adelantan por los contratos COVID-19.

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Del mismo modo fue capturado el Secretario de Gobierno de esta municipalidad por las autoridades y deberá responder ante los estrados por las denuncias de corrupción e irregularidades en firma de contratos adelantados en las últimas semanas y que estarían destinados para atender la emergencia sanitaria y económica traída por cuenta de la pandemia del coronavirus.

Por su parte en Palocabildo “la Fiscalía identificó una presunta fundación de papel, conformada por un grupo específico de personas que reside en Mariquita (Tolima), que se habría quedado con la contratación relacionada con la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria en Palocabildo (Tolima) y Guaduas (Cundinamarca). Seis personas, entre ellas los alcaldes municipales de las dos poblaciones, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin el lleno de requisitos legales”.