Procuraduría General de la Nación busca proteger derechos de personas privadas de la libertad en el Tolima
La Cariñosa 1.420 Am, conoció que la Procuraduría General de la Nación, activó acción preventiva para proteger los derechos de la población que se encuentra en estos momentos privada de la libertad.
El ente de control ha manifestado su preocupación frente al orden de suspender la recepción de nuevas PPL en los centros de reclusión de Armero y Purificación (Tolima), teniendo en cuenta los altos niveles de hacinamiento a nivel nacional que se presentan.
En un oficio enviado a la directora regional Viejo Caldas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe de las medidas implementadas para garantizar y proteger los derechos fundamentales y de arraigo de la Población Privada de la Libertad (PPL), de cara al proceso de supresión de los establecimientos carcelarios de Armero y Purificación, en el Tolima.
En su misiva, el ente de control manifestó su preocupación con respecto a la orden de suspender la recepción de nuevas PPL en dichos centros de reclusión, teniendo en cuenta los altos niveles de hacinamiento a nivel nacional.
En ejercicio de la vigilancia preventiva, la Procuraduría Regional del Tolima y las provinciales de Chaparral, Ibagué y Honda solicitaron a la directora regional del Inpec, con carácter prioritario, precisar los hechos que motivaron y avalaron la supresión de los mencionados establecimientos adscritos a su jurisdicción, y explicar el plan de acción para dinamizar el proceso de traslado de las PPL.
Así mismo, se le requirió indicar a dónde serán remitidas las 93 PPL de manera intramural y las 99 personas beneficiarias del subrogado penal de prisión domiciliaria, quienes actualmente se encuentran bajo custodia del establecimiento penitenciario de Armero, y quienes se encuentran en las mismas condiciones en Purificación.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de garantizar las condiciones esenciales en materia de salud, alimentación, habitabilidad, comunicación familiar, desarrollo espiritual, asesoría jurídica, uso adecuado del tiempo libre y educación, que repercutan en el cumplimiento del fin resocializador promulgado por el Estado colombiano.
Cabe resaltar que esta actuación preventiva de Ministerio Público hace parte de una labor interinstitucional articulada que no pretende coadministrar, sino velar por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la soberanía, y por la integridad territorial y el orden constitucional.