En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha decidido sancionar a Olivo Portela Rojas, exconcejal y presidente del Concejo de El Guamo, con una suspensión de diez meses en el ejercicio de su cargo. Esta sanción se deriva de irregularidades cometidas en el proceso de selección del personero municipal durante el año 2019.
El proceso disciplinario que llevó a esta decisión se originó por la participación de Portela Rojas en la organización y ejecución de un concurso público de méritos destinado a la elección del personero municipal para el período 2020-2024. Este concurso se llevó a cabo mediante la colaboración de la Federación Colombiana de Autoridades Locales (FEDECAL) y la empresa CREAMOS TALENTOS. Sin embargo, estas entidades no cumplían con los requisitos legales necesarios para llevar a cabo dicho proceso, ya que no eran universidades ni instituciones de educación superior, ni contaban con la especialización en selección de personal que exige la normativa vigente, en específico el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2016.
El fallo de la Procuraduría calificó la conducta de Portela Rojas como culpa gravísima, al considerar que el exconcejal desatendió de manera elemental las normas de obligatorio cumplimiento. Según la evaluación del ente de control, su falta de diligencia al no verificar que las entidades encargadas de la selección cumplían con los requisitos legales establecidos constituyó una grave negligencia que afectó la transparencia y legitimidad del proceso de selección del personero municipal.
En consecuencia, la Procuraduría decidió sancionar a Olivo Portela Rojas con la suspensión del ejercicio del cargo por un período de diez meses. Esta suspensión se traducirá en la conversión de los meses de inhabilitación en salarios, correspondientes al monto devengado durante el año 2019, tal como lo establece la parte motiva de la decisión.
Con esta acción, la Procuraduría reafirma su compromiso con la vigilancia y el control de la administración pública en Colombia, asegurando que se tomen medidas para corregir y prevenir situaciones que puedan comprometer la integridad de los procesos gubernamentales. La comunidad de El Guamo y el Tolima en general estará atenta a la implementación de esta sanción y a las posibles implicaciones que pueda tener en el futuro del municipio y sus instituciones.
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