Queja disciplinaria en la Procuraduría por vacaciones anticipadas de funcionarios de la Gobernación del Tolima

El sindicato de trabajadores de la Gobernación del Tolima, Sindeptol, radicó queja disciplinaria ante despacho del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, en contra del Gobernador Ricardo Orozco y la Secretaria Administrativa encargada, por las presuntas irregularidades y la manera inconsulta sin solicitud previa, de sacar a más de 100 empleados públicos de la administración seccional a vacaciones de periodos acumulados y periodos anticipados.

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Hay que recordar que el Presidente del sindicato de trabajadores de la Gobernación del Tolima, Sindeptol, José Gabriel Tovar, calificó como un atropello de la Secretaría Administrativa contra más de 100 servidores públicos, quienes fueron sacados a vacaciones de períodos acumulados, cuando se encontraban desarrollando trabajo en casa, orden impartida a través de la resolución 532 del pasado 13 de abril, la cual estaría fundamentada en una facultada otorgada por el decreto presidencial del 27 de marzo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19.

Para el representante sindical, la Gobernación de manera inconsulta y a la fuerza, saco a vacaciones a los servidores públicos en medio de la pandemia y emergencia sanitaria. "Ninguno de los funcionarios estaba previamente solicitando las vacaciones", aseguró.

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De otro lado el sindicato reveló que de acuerdo al concepto jurídico 129721 del primero de abril expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en donde claramente se establece que el decreto 488 del 27 de marzo del gobierno nacional, no es aplicable para los servidores públicos del nivel territorial. "Con esto es claro que se configura unas irregularidades, el acto administrativo proferido por la Secretaría Administrativa de la gobernación, que se encuentra viciado de nulidad, despropósito jurídico, viéndonos muchísimos funcionarios afectados con la decisión", agregó el presidente de Sindeptol.

José Gabriel Tovar también agregó que la decisión de la Gobernación, puede traer costos fiscales para el departamento, teniendo en cuenta la expedición de un acto administrativo viciado de nulidad que dejó sin poder trabajar y sin prestar sus servicios a más de 100 funcionarios en plena emergencia sanitaria por la pandemia Coronavirus COVID-19.