La Fiscalía imputó cargos contra Carlos Portela Calderón, ex secretario de Gobierno, porque, se presume, usó la camioneta oficial como vehículo acompañante, una mañana que salió a montar bicicleta. En otras circunstancias pensaría que el vehículo oficial debería seguir al responsable de la seguridad del municipio a cualquier lugar al que se desplace, pero mi opinión cambió al ver el admirable compromiso frontal de la Fiscalía en la lucha contra el crimen. Usar el carro oficial para ir a la tienda o a la droguería o al parque, constituye un delito que debería declararse de lesa humanidad, una afrenta terrorista que justifica la inversión de nuestros impuestos en un proceso investigativo de tamañas proporciones.
Uno ya se siente seguro de saber que los sabuesos del CTI han incautado la bicicleta (el cuerpo del delito) y están desplegando un grupo élite para comparar las huellas de las llantas de la cicla, con los del vehículo acompañante. No sabemos aún porque no fue capturado el otrora secretario en flagrancia, o cómo pasó desapercibida la conducta criminal, con ese atuendo de casco, gafas y licra deportiva, que hacían evidente la comisión del delito. Se investiga si iba pedaleando con otras personas para imputarles cargos por concierto para delinquir. Se presume que, gracias a esta rigurosa labor, se podrá desmantelar, a futuro, peligrosísimas bandas de empleados públicos que trotan, caminan o montan en patines, en horas sumamente sospechosas, mientras el conductor los espera en la esquina del parque.
La recolección de numerosos testimonios aún no permite establecer si el exsecretario iba atrás, al lado, o adelante del vehículo, lo que llevó a la Fiscalía a contratar un equipo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachussets, que permita hacer los profundos cálculos que se requieren para tipificar la peligrosísima conducta delictiva. Un grupo de economistas contratado por el comité de investigadores asignado para el caso, ha calculado que el peculado alcanza la escandalosa cantidad de un galón y medio de gasolina, aunque se busca capturar al conductor del vehículo para que declare si éste funciona a gas, o diésel o si es híbrido, pues lo más seguro es que la Corte Suprema de Justicia (a donde se presume, llegará el juicio después de tres apelaciones y siete años de investigación), requerirá precisar con exactitud si el tenebroso peculado asciende a 14 mil pesos, a 11 mil o a 7 mil pesos. Al parecer el conductor se encuentra prófugo de la justicia, pero se rumora que le ofrecerán formar parte de un programa de protección de testigos para cambiar de identidad y enviarlo a vivir a Europa si decide colaborar con la justicia y aclarar el tema del combustible.
Algunos pensarán que lo mejor es incautar el vehículo, pero ello implicaría definir cuál de las más de veinte camionetas blancas de platón, que se ajustan a la descripción, se usó para cometer el aparente ilícito, pero ello implicaría comparar las placas de los vehículos con los registros de inventario del Almacén de la Alcaldía, que no están actualizados, así que habría que recurrir al portal del Secop II y al módulo de “Compra eficiente” y se teme que dicho proceso despiste a los investigadores. Hace unos años, un celador de la alcaldía recogió el estiércol de su mascota con un sobre de manila y fue imposible determinar si el sobre fue comprado con recursos públicos o pertenecía al celador. El abogado defensor incluso afirmó que pertenecía a la mascota; lo que llevó a algunos animales a elevar peticiones ante la ONU para que se considere a los animales como titulares de derecho a la propiedad privada. Finalmente los peritos en sistemas ingresaron al módulo de “subasta pública” del Secop IIy compararon el sobre con las compras de los últimos diez años, y nada. El delito del sobre prescribió. No queremos que eso pase nuevamente.
No sé ustedes, pero yo me siento mucho más seguro. Nuestros impuestos rinden en la lucha contra las bandas criminales de funcionarios que montan bicicleta, deporte de alto riesgo que, al parecer, (según un equipo de psicólogos de la Universidad de los Andes, contratado por la Fiscalía para diseñar un perfil criminal del funcionario), correlaciona con peligrosísimas actividades como comer espaguetis, usar licras o consumir batidos proteicos de Herbalife. Este compromiso de nuestros organismos de control en la lucha contra la corrupción me tiene profundamente conmovido. La ciudadanía en pleno debe rodear a la Fiscalía para que no desfallezca y adelante otras investigaciones similares. Se sospecha de una secretaria que le pidió al conductor que la dejara en la peluquería, un directivo que le pidió al mensajero que le comprara una almojábana en la plaza de la 14, lo cual, según testigos, hizo caminando con las botas de dotación, usadas ilegalmente para esta fechoría. Esperamos que arribe en las próximas horas un perito japonés que, aseguran, es capaz de medir el desgaste de la suela oficial del zapato del conductor, para calcular, en yenes, a cuánto asciende el peculado.
Ya podemos dormir tranquilos.