Abogado Iván Ramírez Suárez
Por: Iván Ramírez Suárez / @jiramirezsuarez
Sorprende la agudeza analítica y capacidad de reacción inmediata que en la red Twitter muestra nuestro procurador General, Fernando Carrillo. No hay suceso nacional o internacional que pase desapercibido por su sensible olfato funcional y político.
Cuando el actual Alcalde de Bucaramanga golpeó en la cara al concejal que lo controvertía en su propio despacho, lo suspendió por Twitter y después lo notificó oficialmente. Lo paradójico, es que esa misma destreza y capacidad de respuesta en las redes sociales, no se refleja como juez disciplinario. Al menos, en el caso del Tolima en particular, se puede afirmar que su labor es un completo fiasco.
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Las procuradurías provinciales y departamental, se las escrituró a los políticos que coadyuvaron a su elección. De ahí que estas se hayan convertido en instrumento para absolver amigotes y perseguir opositores. Su labor en el caso del desfalco por las obras de los Juegos Nacionales, solo muestra un sancionado - el ex director del Imdri, Carlos Heberto Ángel - de 49 servidores públicos del orden nacional y municipal involucrados en los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de obra e interventoría.
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Comentario aparte, merece su cómplice pasividad en las investigaciones que se adelantan contra concejales de Ibagué y Natagaima, por la grotesca y manipulada elección de personeros y contralor que en sus municipios hicieron.
En Natagaima, 11 concejales eligieron como personero al comisario de familia de la misma alcaldía, siendo este hecho una notoria causal de inhabilidad para su elección (literal g artículo 174 de la ley 136 de 1994), a quien entrevistaron personalmente y veían a diario en su despacho y quien renunció al cargo de comisario un día antes de posesionarse como personero municipal. Un hecho ilegal y delictual que sigue en la impunidad, porque tanto el elegido como sus electores continúan en funciones, después de más de tres años de sendos procesos disciplinarios, plagados de vicios, errores y laxitud.
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En Ibagué, las mayorías del Concejo aupadas por el Alcalde, realizaron procesos similares para elegir personero y contralor, recayendo la decisión en aspirantes inhabilitados, conforme lo demostró la jurisdicción contencioso administrativo que anuló su elección.
Sin embargo, la Procuraduría General contradiciendo sus propias decisiones, aplicó la simetría política en el caso de la investigación disciplinaria por la elección de contralor, y mantiene engavetada otra, por la elección del Personero.
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Y es que la simetría política de la Procuraduría es evidente. Por citar solo un caso, en la elección del personero de Puerto Leguízamo (Putumayo), por la misma falta disciplinaria (numeral 17 art. 48 ley 734 de 2002) se destituyó a los concejales electores y los inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos.
Mientras que en Natagaima existe fallo de primera instancia con sanción de suspensión de seis meses y no se destituyó y en Ibagué, igualmente, existe fallo en firme de suspensión de nueve meses, mas no de destitución.
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