Representante a la Cámara, Ricardo Ferro
Hace más de dos meses les propuse públicamente a los concejales de Ibagué suspendidos por la Procuraduría que por el bien de la ciudad dieran un paso al costado.
Mi sugerencia derivó en múltiples ataques hacia mi persona, solidaridad del burgomaestre para con los cabildantes, silencio de algunos y peticiones en el mismo sentido de varios columnistas.
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El tiempo está pasando y el argumento esgrimido en un principio ya no tiene validez, es decir, que cómo iban a renunciar si ni siquiera la suspensión estaba en firme.
Hoy en día, tenemos a quince concejales suspendidos por la Procuraduría por la elección irregular del Contralor de la Ciudad. En un hecho sin precedentes el cabildo municipal está sesionando con cuatro concejales, sí, por ridículo que parezca, las decisiones de la ciudad las están tomando cuatro personas. Algunos dirán que da lo mismo diecinueve que cuatro, porque cuando no estaban suspendidos los concejales, había unas mayorías que aprobaban los proyectos que presentaba la Administración.
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Yo opino en cambio, que es necesario que el Concejo recupere su composición y podamos contar con los diecinueve concejales contestando a lista en las plenarias y las comisiones sesionando regularmente.
Este cuatrienio ha sido muy difícil para Ibagué. Reto a los lectores a que encuentren un solo municipio en Colombia en el cual el control fiscal, el control disciplinario y el Concejo estuvieron en entredicho y la interinidad fue el denominador común.
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Llama la atención que el único control que no depende de decisiones municipales es el control penal, escenario en el cual el primer mandatario enfrenta una imputación por presuntos hechos de corrupción en temas relacionados con la contratación estatal.
Los concejales suspendidos deberían renunciar. No por tratarse de personas buenas o malas, sino porque cuando pidieron el voto para ser elegidos, hicieron un contrato de mandato con sus electores que en este momento no pueden cumplir. Es bien sabido que uno puede elegir y ser elegido, y cuando opta por lo segundo, es decir, ser elegido, adquiere la obligación con sus electores de representarlos en el cargo para el cual se postula, en el evento de salir victorioso en la contienda política respectiva.
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Y ese hecho en particular, debería ser suficiente para que los quince cabildantes suspendidos renuncien a sus respectivas curules y permitan que quienes les siguieron en votos se posesionen y defiendan los intereses de la ciudad durante los nueve meses que le faltan al periodo actual.
Saque de Banda:
Los concejales suspendidos por la Procuraduría ya fueron objeto de una sanción disciplinaria, ahora lo que está en juego es una nueva sanción, no penal, ni fiscal, ni disciplinaria, sino política, y el juez natural no será ni más ni menos que el ciudadano del común, el elector. Que Dios los ilumine…
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