La decisión por parte del juez octavo con función de garantías fue otorgar la medida de aseguramiento intramural contra el indiciado Eduardo López Amarilies, sindicado de ser el responsable de recibir dineros para su propio beneficio por parte de empleados de una empresa de seguridad privada. Hay que recordar que, su captura por parte de integrantes del CTI, se realizó cuando López culminó su jornada laboral en el bunker de la Fiscalía de Ibagué, siendo trasladado hacia el interior de las instalaciones para los actos urgentes.
Posteriormente, el funcionario fue trasladado hacia el Palacio de Justicia donde lo esperaba su familia, varios compañeros de la Fiscalía y algunos del personal de seguridad, en el cual la sala 2 del segundo piso de la entidad, estuvo ‘repleto’ de personas, en el cual se acomodaron a la entrada de la audiencia y otros en los pasillos durante más de 4 horas. El fiscal 26 seccional de la Administración Pública, le imputó a Eduardo López el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, se le reconocieron circunstancias de mayor punibilidad debido a su calidad de funcionario público.
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Durante la audiencia se dio a conocer que, la investigación es un contra había iniciado en enero de 2019 a raíz de una denuncia anónima entregada directamente a la Directora de Fiscalías, la doctora Zeidy Janeth Izquierdo. Posteriormente, gracias a los elementos materiales probatorios tales como grabaciones de audios, se logró establecer la responsabilidad del jefe de seguridad.
Se reveló que, en total fueron tres casos de concusión en la cual solicitó sumas de dinero, con el propósito de ofrecer empleo y estabilidad en la empresa de seguridad. En el año 2018 le fueron entregados $200 mil pesos en dos ocasiones y en el 2019, solicitó $1 millón 700 mil pesos, pero recibió $500 mil pesos, por lo tanto, en total obtuvo $900 mil pesos.
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Cabe resaltar que, los empleados son Andrés Camilo Lugo Santana, Luis Enrique Delgado Ramírez y Luis Eduardo Delgado Valencia, estos dos últimos como tío y sobrino, pertenecieron a la empresa Granadina de Vigilancia y Vigilancia Acosta Ltda. No obstante, dos de los empleados que entregaron las sumas de dinero fueron desvinculados este año, debido a que, la compañía no ganó la licitación actual, pero uno de ellos si continuó ejerciendo su labor.
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Lo preocupante de esta situación fue la falta de seriedad y compromiso a la hora de vincular a los vigilantes de la empresa de seguridad, ya que, tienen el deber de proteger a la entidad pública y sus funcionarios ante cualquier peligro y, además, contar con la correspondiente experiencia en el cargo. Por ahora, Eduardo López quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá estar recluido en la cárcel de Picaleña debido a sus presuntas acciones ilegales y se continuará la investigación en su contra.
