Una ONG nacional denunció desde noviembre al despacho de la Alcaldía y ante varios órganos de control en Bogotá un entramado entre concejales, políticos y presuntas mafias del catastro que estarían detrás del cúmulo de irregularidades, y de injusticias, en la actualización catastral de Ibagué que desembocó este año en alzas del Impuesto Predial hasta del 1.000 por ciento.
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El 27 de noviembre de 2017, Mónica Patiño Santa, presidenta de la Red Nacional de Veedurías, envió un derecho de petición al alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo donde le pidió la ‘INTERVENCIÓN INMEDIATA’ frente a presuntas graves irregularidades que se presentaban a esa fecha en la actualización catastral de la ciudad de Ibagué.
El documento fue enviado vía correo electrónico a la cuenta de la Alcaldía de Ibagué y tuvo respuesta, según Patiño Santa, por la misma vía días después por el secretario de Hacienda Juan Espinosa.
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La señora Patiño Santa no es una veedora cualquiera. Ella es Comisionada Nacional para la Lucha Contra la Corrupción nombrada por Decreto Presidencial número 1887 bajo la Ley1474 de 2011.
En el documento de varios folios, además de solicitarle información técnica sobre la ejecución del convenio interadministrativo firmado entre la Alcaldía y el IGAC, por 9.488 millones de pesos, la Red Nacional de Veedurías le informó al alcalde Jaramillo sobre diversas anomalías relacionadas con la vinculación de 302 personas para el desarrollo del contrato.
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Las denuncias que le consignaron al mandatario por escrito incluían presuntos tráfico de influencias, recomendaciones y padrinazgos políticos de los contratistas vinculados, atrasos en la ejecución del convenio, participación de personal no idóneo, incumplimiento en los principios de planeación y planificación, entre otros.
La señora Mónica Patiño Santa le dijo al alcalde de Ibagué que se interesó por el tema de la actualización del catastro de la ciudad cuando leyó en el diario EL TIEMPO un artículo fechado el 19 de octubre de 2017 donde se leía que los concejales Linda Perdomo y William Rosas, después de un debate donde no solamente desnudaron las graves falencias del convenio sino que solicitaron a todo pulmón la liquidación del mismo y la aplicación de las pólizas de garantía por el incumplimiento por parte del IGAC.
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Después, en el cuarto folio de la misiva, la veedora Mónica Patiño Santa le advirtió a Jaramillo que la regional Tolima del Agustín Codazzi era controlada, como cuota política del gobierno de Juan Manuel Santos, por el representante a la Cámara Ángel María Gaitán. En el texto se lee que en el ámbito nacional el IGAC era es una cuota al parecer del excandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
La veedora escribió: “Tenemos entendido que la territorial Tolima la tiene asignada el representante ÁNGEL MARÍA GAITÁN (PARTIDO LIBERAL) con el aval nacional del director nacional JUAN ANTONIO NIETO ESCALANTE y DIANA RÍOS secretaria general del IGAC Bogotá, - todos pertenecientes al - (PARTIDO LIBERAL) y estos son cuotas de CRISTO”
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En el escrito, la denunciante contó además que los 302 contratistas que comenzaron a vincular entre julio y octubre del 2017 al IGAC, para adelantar la actualización catastral, eran recomendados por concejales de Ibagué y el congresista Gaitán, pero se encontraron para la legalización del contrato con un inconveniente: no tenían la experiencia certificada para adelantar un trabajo tan técnico y complejo como ajustarle el avalúo catastral a 188.000 predios de la ciudad.
Es allí, según la denunciante, cuando aparece en escena Flabio Lugo Buendía, presidente de la Junta Directiva de la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima, quien según la queja habría expedido certificados express de idoneidad a decenas de personas que fueron enganchadas para cumplir con el convenio entre la Alcaldía y el IGAC, todos cuotas según Patiño Santa de concejales y un congresista.
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Las fuentes afirman que tienen una lista donde a por lo menos 10 concejales le otorgaron entre 5 y 10 cuotas entre el contingente de contratistas que tienen como misión adelantar las visitas de la actualización catastral.
Reza la denuncia: “Cuando los concejales de Ibagué empezaron a solicitar sus cupos para poder ingresar el personal dentro de esta contratación, se encontraron con una problemática que el personal NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS que exigía el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI” por lo que es cuando aparece un personaje llamado FLABIO LUGO BUENDÍA presidente de la Junta Directiva de la Lonja de Propiedad Raíz del Tolima, FEDELONJAS, quien es muy cercano al representante ÁNGEL MARÍA GAITÁN y el modus operandi para poder ingresar el personal de ellos era que el señor FLABIO LUGO BUENDÍA por medio de su empresa y otras de ellos mismos les otorgaba las certificaciones acorde a los cargos donde los iban a dejar para que cumplieran con el tiempo de experiencia y las labores acordes a las funciones que irían a desempeñar” (SIC).
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¿Pelearon el Director del IGAC y Gaitán por puestos?
En el ‘Derecho de Petición-Denuncia’, también le ponen en conocimiento a Jaramillo que en un momento final de la contratación de los 302 empadronadores, se presentó una pelea, al parecer burocrática, entre el representante Gaitán y el director regional del IGAC Mauricio Fernando Mora Bonilla.
Fuentes informaron que el representante Gaitán tiene dos hijos ubicados en la planta del IGAC en Ibagué: Camilo Gaitán en una ventanilla de atención al público en el primer piso de la Oficina Central de la Calle 13. Y Mateo Gaitán en la oficina de Cartografía. Además de dos sobrinas, Alejandra y Nory Alexandra Patiño, esta última en una oficina del cuarto piso en la dependencia de Estudio de Escrituras.
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A finales del 2017, en la etapa final de vinculación de los contratistas de la actualización catastral, Mora trató de neutralizarle a Gaitán el nombramiento de 30 personas. Hubo momentos de tensión y medición de fuerzas.
Sin embargo, al final el ‘pleito’ se habría decidido en favor de Gaitán en Bogotá, a la Oficina Central del IGAC, donde daban el visto bueno de las personas a contratar.
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La veeduría recreó esa denuncia en la carta a Jaramillo así: “muchos de los reconocedores que ingresaron no tenían ni la más remota idea de lo que irían a realizar, donde el afán de la politiquería era dejar con sueldos altos a los hijos y la nuera de ÁNGEL MARÍA GAITÁN, familiares de Flabio Lugo Buendía y personal donde tenían compromisos políticos sin importar si cumplían con las labores (…) ahora muchos de los contratos que se encontraban para la firma del director de la Territorial Tolima, Dr Mora no fueron firmados por él ya que existían diferencias entre el Dr Mora y el representante Gaitán”.
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Hasta la señora de los tintos aparece avaluando
En la feria de expedición de certificados para contratar a las 302 personas que finalmente están adelantando aún la actualización catastral en Ibagué, se presentaron casos inverosímiles.
De hecho se ha advertido que entre los empadronadores por contrato fueron enganchados abogados, psicólogos, exprofesores, enfermeros y personas del común sin ningún tipo de experiencia en catastro.
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Pero uno de los casos que llamó poderosamente la atención de la Red Nacional de Veedurías es el de Derly Johana Rivera Almanza, quien durante años ocupó el cargo en el IGAC Ibagué de servicios generales, aseo y cafetería y quien resultó, con la certificación repentina, siendo contratada por el IGAC como “Reconocedora Predial” para adelantar la actualización de un sinnúmero de predios en la ciudad.
En la denuncia que le radicaron desde noviembre a Jaramillo le ponen de presente “aclaramos no se puede negar el derecho al trabajo a ninguna persona pero nos preguntamos ¿Cuánto tiempo requiere una persona para tener experiencia y poder realizar esta clase de trabajo que es técnico y más aún cuando conocemos que estas visitas en campo son uno de los factores para poder determinar el avalúo catastral de un predio?”.
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Sobre el caso de la señora de los tintos, y ante otro derecho de petición de la misma Veeduría, el asesor jurídico del IGAC, Salvador Fernando Rodríguez respondió que “la señora Derly Johana Rivera Almanza realizó el curso de reconocimiento predial en junio de esta anualidad pasando el mismo con 70 puntos”.
Como el ejemplo de la señora de los tintos a quién graduaron de manera rápida de evaluadora de catastros se suman otros que tienen que ver con el mundo del espectáculo. Existen por lo menos cinco mujeres, jóvenes exmodelos de pasarelas, sin experiencia técnica, cuyos nombres nos abstenemos de publicar, que fueron certificadas por la misma vía y estaban destinadas inicialmente a recorrer las calles como los demás, sin embargo por decisiones de sus padrinos políticos, pidieron que no les diera el sol y las tienen ubicadas en las dependencias de la Calle 13 y Fontainebleau.
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Feria del Billete en Fontainebleau
Este fin de semana, personas allegadas a la Red Nacional de Veedurías, quienes pidieron reserva de identidad, revelaron más detalles de las delicadas denuncias, que fueron puestas en conocimiento de autoridades competentes y de programas de televisión en el ámbito nacional.
Una de ellas, tiene que ver con la exigencia de dineros por parte de algunos contratistas ‘Reconocedores Prediales’ que hicieron su agosto cuando después de visitar casas, locales o apartamentos, pidieron dinero a sus propietarios para bajarles la calificación del predio y así logar un menor avalúo y un menor pago del impuesto.
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Eso fue lo que le sucedió al propietario Arturo Martínez, poseedor de una casa en el barrio Fuente de Los Rosales en cuyo interior funciona una tienda. En una de las brigadas de visitas de los contratistas del IGAC, uno de ellos se acercó donde su esposa y le dejó un número telefónico con la razón de que lo llamara para advertirle de una situación.
Cuando Martínez llamó al contratista de la actualización catastral, éste le habría solicitado, según la víctima, 500 mil pesos para rebajarle el puntaje y así disminuirle el avalúo. El propietario no solamente se negó sino que por escrito, a finales del año pasado, denunció con nombre propio al empadronador ante el IGAC.
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Las mismas fuentes contaron que están documentados otros casos, ya no con evaluadores rasos, sino de contratistas de más alto perfil que siguen despachando desde una oficina del edificio Fontainebleau, de la carrera Quinta con Calle 37, sede del operador del convenio entre el IGAC y la Alcaldía, que se están prestando para realizar ‘favores’, al más alto nivel, y de manera selectiva, para bajar las calificaciones de la actualización de determinados predios a personas prestantes de la ciudad. La Veeduría conoce el caso de un centro comercial de Ibagué al que los contratistas trataron con benevolencia y no le subieron significativamente el avalúo.
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Aunque se desconoce si la Alcaldía corrió traslado de las delicadas denuncias recibidas el 27 de noviembre, como corresponde, a la Fiscalía y a la Procuraduría, este medio fue informado que la presidenta de la Veeduría Mónica Patiño Santa las realizará a partir de esta semana.
Y serán esos entes de control disciplinario y penal quienes se encarguen de resolver varias preguntas que surgen después de este ventilador y establecer si esos actos son violatorios de la Constitución y la Ley por parte de las personas nombradas por la Veeduría.
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Mientras esto ocurre, crece en Ibagué la indignación por el incremento exorbitado de las tarifas del Impuesto Predial derivado de la Actualización Catastral Parcial que se adelanta desde octubre en la ciudad.
Espere en la Segunda Entrega de esta investigación periodística mañana, los delicados hallazgos técnicos que encontró la Red Nacional de Veedurías en la ejecución del convenio de actualización catastral parcial en Ibagué y el rol de varios funcionarios del IGAC como Elmo Sánchez, Harold Rodríguez, Javier Santos, Manuel Antonio Liz y Magdalia Gómez.
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Además, la conexión y el papel de todos los funcionarios del IGAC antes mencionados con los procesos de actualización catastral que se adelantan en Espinal, Líbano y Melgar.
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