Wilson Leal - imagen de archivo
Ha anunciado la administración municipal que declaró la urgencia manifiesta para conjurar el grave peligro de que las excavaciones efectuadas en la zona del antiguo coliseo cubierto, ocasionen un derrumbamiento de la carrera 5 y causen una catástrofe.
En la Ley 80 se incorporó la figura de la urgencia manifiesta como una modalidad de contratación directa, diseñada con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias excepcionales imprevistas e imprevisibles hacen del todo imposible celebrarlos a través de licitación pública.
Por ello ha dicho el Consejo de Estado que “si analizada la situación de crisis se observa que la Administración puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio o sencillamente acudiendo a las reglas de la contratación directa, se hace imposible, en consecuencia, una declaratoria de urgencia manifiesta”.
Ciertamente la situación que se presenta en la unidad deportiva de la 42 es grave en la actualidad, pero nunca excepcional, imprevista e imprevisible; el gobierno de la ciudad espero un año para mandar a evaluar la situación calamitosa dejada por Luis H. y sus alegres muchachos. Hoy en día 15 meses después de iniciado el gobierno, lo que ocasiona la situación ciertamente grave además de la corrupción de la seguridad humana, es la falta de gestión del gobierno actual, que dejó pasar un año para tomar cartas en un asunto que se sabía incluso de la elección que debería afrontar.
El alcalde de la ciudad asumió la tarea de convertirse en fiscal y dejó de lado las responsabilidades propias, entre ellas la de evaluar rápidamente el descalabro de las obras y tomar cartas en el asunto para evitar los riesgos de los que hoy parafraseando a nuestro petardo presidencial, se acaba de enterar.
La declaratoria de urgencia manifiesta anunciada viola de manera directa la Ley 80 y los contratos que ahora pretenden celebrarse de manera directa como la mayoría de los de la presente administración, se constituirán en una genuina contratación sin cumplimiento de requisitos legales, lo cual es un delito.
Como dicen los hermanos Gasca; “Y después no diiiigas que te avisaron”
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