“Acabar la corrupción en lo público y lo privado es un mandato moral”: Vicepresidente

Colombia enfrenta un problema de magnitud inimaginable y de alcance global y regional: la corrupción. Para combatirla, se requiere de una acción conjunta y coordinada entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, es decir, una triple alianza para enfrentarla sin contemplación y ese es compromiso del Gobierno Nacional. “Estamos liderando una cruzada común contra la corrupción con la adopción de prácticas internacionales, alineando nuestras políticas con los más altos estándares dispuestos por la OCDE, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Acabar la corrupción en lo público y lo privado es un mandato moral”; dijo la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez.

Y es que las cifras hablan por sí solas. Transparencia Internacional estima que la corrupción afecta dos tercios de los países del mundo. Latinobarómetro (2017) señala que está en el cuarto lugar de los problemas más importantes en 18 países de la región. La corrupción, según diferentes estudios, le cuesta a Colombia entre 30 y 50 billones de pesos. Y el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2017) muestra que esta pandemia es el principal problema para hacer negocios en el país.

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Su magnitud exige más y mejores políticas y acciones para atacarla. Es por ello que, en el marco de los ejes estratégicos del Gobierno en materia de equidad, legalidad y emprendimiento, se ha iniciado la labor con una gran apuesta legislativa que pretende no sólo fortalecer el marco normativo de la lucha contra la corrupción, sino establecer unas reglas de juego claras para el ejercicio de la política.

Para llevar a Colombia a estándares internacionales, se viene liderando una reforma política con la misión de transformar las prácticas y la cultura en las relaciones entre la rama legislativa y el gobierno, que incluye el uso de listas cerradas, la rendición de cuentas de los partidos políticos y la conformación de listas paritarias, entre otros temas. En este sentido, se viene construyendo un proyecto de ley que reglamenta la actividad de cabildeo en Colombia para fortalecer la política de prevención y transparencia en el conflicto de intereses. Pero el compromiso va más allá y por tal motivo, con la construcción de instituciones modernas y eficientes, dentro de las recomendaciones de la OCDE, se ha empezado una política de Estado Abierto mediante la cual todas las ramas del poder y los entes subnacionales se comprometen a rendir cuentas, abrir espacios para la participación ciudadana e implementar la innovación a través de estrategias de economía naranja como ejes transversales del Estado.

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Algunos de los instrumentos que ya se han implementado desde la Vicepresidencia de la República y las entidades del Estado son: la Agenda de Gestión Unificada y Abierta (AGUA) y el Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI) para el seguimiento y control social. Asimismo, se elaboró un decreto para el nombramiento meritocrático de jefes de control interno y la constitución de la red de anticorrupción en coordinación con la Secretaría de Transparencia.

“En el Día Internacional contra la corrupción los invito a pensar en el futuro de nuestra sociedad y a no desfallecer en esta triple alianza. Ponemos todos los esfuerzos para promover los valores y la cultura de la legalidad y tener ciudadanos más informados, activos, vigilantes y apropiados de lo público para recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer la integridad pública como condición indispensable para un crecimiento inclusivo y la buena gobernabilidad. Por eso cualquier caso que conozcan de corrupción dénnoslo a conocer en la Vicepresidencia y en la Secretaría de Transparencia. ¡Si no hay corrupción tenemos más bienestar!”, finalizó Ramírez.