Alrededor de 500 lideres sociales han sido asesinados en los últimos años
Un llamado al cese de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, hizo el defensor del Pueblo Carlos Negret, tras advertir que tanto el asesinato como las amenazas a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, reflejan cifras de un panorama preocupante para quienes ejercen un tipo de trabajo social en las regiones de Colombia.
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"En Colombia no se puede asesinar ningún líder cívico, ningún líder de Derechos Humanos o ningún defensor por lo que piensa, en la diversidad debemos construir y basta ya del asesinato de líderes sociales", manifestó. Luego de un recorrido por varios municipios del sur del Cesar, recordó que desde enero de 2016 y hasta el pasado 30 de mayo de 2019, han sido asesinados un total de 482 líderes y agregó que "tenemos 982 líderes amenazados entre los meses de abril de 2018 y abril de 2019".
Medidas de protección y plan democracia
El escenario que plantean las próximas elecciones de autoridades locales en el mes de octubre es aún más preocupante, ya que, de acuerdo con la misma Defensoría, es posible que se incrementen las amenazas contra los líderes que además aspiren a ser elegidos, por lo que se activaron una serie de medidas para evitar que se vulnere aún más la seguridad de los líderes.
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"Estamos trabajando de la mano con el procurador, el fiscal y el gobierno nacional en dos líneas, el plan democracia y también el PAO (Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección) de manera que vamos a llevar ahí los casos de manera que podamos proteger a todos los líderes del país", advirtió el defensor Negret.
Entre las zonas con mayores riesgos reportados para los líderes sociales está la región del Catatumbo y los departamentos de Antioquia, Nariño y el Cauca, entre otros, desde donde se ha reportado también el incremento de amenazas y asesinatos. En las últimas horas se reportó el asesinato en Floridablanca (Santander), de la abogada Yamile Guerra, defensora política y del Páramo de Santurbán, tras haber ocupado varios cargos en instituciones como la Personería y la Contraloría.