Así se embolsilló el "Chatarrero" mil 900 millones de pesos de los Juegos Nacionales, dijo la Fiscalía

La Fiscal 2 Especializada fue la encargada de dar lectura uno a uno los hechos por los que Jorge Alexander Pérez Torres habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito.

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El ente acusador pudo establecer que el capturado quien es conocido en Ibagué como "El Chatarrero", se habría adjudicado la suma de mil 962 millones 600 mil pesos, por concepto del contrato 074 del 11 de marzo del 2015 que tuvo un costo total de 37 mil 299 millones de pesos y que le fuera entregado al Consorcio Unidad Deportiva 2015 del que era representante legal y el cual no cumplía con ninguno de los requisitos expuestos en los pliegos reales.

Todo inició al parecer cuando Pérez Torres se reunió con Orlando Arciniegas Lagos, Anuar Navarro (contratista de Typsa) y Jorge Orlando Navarrete Laverde, en dos oportunidades, donde Pérez se presentó como una persona idónea con capacidad para conseguir las empresas Ortiz Construcciones y Vera Construcciones, que construirían las obras del Parque Deportivo y la Calle 42 y donde al parecer le entregaría a Arciniegas el 6%, consistente en mil millones de pesos del costo total del contrato de la Unidad Deportiva, por haberle ayudado en la adjudicación del mismo.

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Es así como para los días 17 y 18 de enero del 2015, en un hotel de Girardot, se encontraron Pérez Torres, Arciniegas, Navarrete y Leonardo Valero, donde dieron respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes de la licitación y poder direccionar la misma al consorcio que los favorecería con las "dádivas", costos de hospedaje que corrieron por cuenta del "Chatarrero" y que tuvieron un valor de 2 millones 518 mil pesos, incurriendo en graves conductas por haber entramado todo para suscribir el contrato.

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Días después de conocer los resultados que se darían para el contrato, al parecer el detenido conformó el Consorcio con las empresas Ortiz Construcciones, Triventy Ingeniería y otra, a las cuales les fue repartida cada una de las acciones que les correspondía en la adjudicación del contrato y a quienes les pidiera que lo eligieran como representante legal del mismo para poder manejar los dineros.

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Aunque la oficina de Transparencia del Gobierno Nacional pidió aclaraciones sobre algunas irregularidades que se encontraron en la licitación, el IMDRI por parte de Valero contestó que no se estaba violando ningún derecho en la contratación y avaló todo el proceso.

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De igual forma, la fiscal Especializada informó que al modificar los requisitos de licitación, se le permitió al consorcio que estuviera más endeudado del tope asignado por la norma de contratación, hasta llegar al punto que tres días después de firmar el contrato no habían pagado las estampillas, sino que días después fueron canceladas en dos consignaciones con dineros que eran del anticipo, incurriendo en la falta de una de sus clausulas, por lo que el IMDRI debía hacer efectiva las multas, situación que jamás ocurrió.

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Otra grave situación en la adjudicación del contrato 074 fue entre las empresas que integraban el consorcio, ya que presentaron inconformidad porque el "Chatarrero", no les informaba de sus movimientos, lo que derivó que Triventy le cediera sus derechos por un costo de 400 millones de pesos y fuera reemplazada por la empresa Almodena S.A.S , propiedad de Pérez Torres, apareciendo como representante su esposa, Olga Lucía Mora, cambios que jamás fueron informados al Instituto del Deporte.

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Un nuevo hecho que no informaron al Imdri, fue que Jorge Alexander Pérez ya tenía todo planeado para la compra del concreto necesario para el desarrollo de las obras en la Calle 42, incluyendo como subcontratista a la empresa Boylam que también era de su propiedad y se vería de nuevo beneficiado.

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Estas dos empresas de las que era representante el capturado, al parecer también fueron usadas para hacer el giro del anticipo que fue de 6 mil 459 millones de pesos, transfiriendo el IMDRI a Almodena la suma de 4 mil 870 millones de pesos y a Boylam mil 840 millones de pesos, dineros que nunca fueron utilizados para el desarrollo de las obras y quedaron en sus empresas.

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Toda esto fue conocido por los diferentes interrogatorios que rindieran Jorge Orlando Navarrete, Anuar Navarro, Carlos Heberto Ángel, entre otros, quienes permitieron descubrir que al parecer Pérez Torres se habría adjudicado la suma de mil 900 millones de pesos y habría hecho todo tipo de movimientos, ofreciendo dineros para ser elegido en el contrato 074 del 11 de marzo de 2015 que tuvo un costo de 37 mil millones de pesos.

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Así mismo, los testigos del hecho, manifestaron que en unas reuniones, a Carlos Heberto el "Chatarrero" le aseguró que debían sacar a Arciniegas porque al parecer luego de darle mil millones de pesos, le siguió exigiendo más dinero y que ahí estaba lo de él, situación que Ángel Torres desmitió ya que a él no le habían entregado nada.

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Por su parte, Navarrete informó que en un diálogo con Orlando Arciniegas le pidió el dinero que le había prometido por su labor y el abogado penalista le manifestó que no podía darle nada "ya que Pérez le estaba robando la plata y que solo le había dado 250 millones y le había prometido un apartamento en Bogotá".

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En la diligencia, el ente acusador solicitó al juzgado Octavo de Garantías imponer medida de aseguramiento intramural, asegurando que el detenido podría ser un peligro para la sociedad ya que en su contra existen denuncias por delitos de hurto, estafa, falsedad en documento privado y constreñimiento, agregando además que el mismo estaría devengando mensualmente 20 millones de pesos, contratando con proyectos del estado y al parecer creando nuevas empresas para participar en licitaciones que podrían a llevarlo a incurrir en otros delitos.

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Para justificar la medida, citó un caso con Óscar Alexander Berbeo, quien para la época fuera el dueño de la empresa Boylam, a quien el "Chatarrero" le habría pedido prestada la contabilidad de la misma para sacar un crédito en el que lo nombró como codeudor de manera abusiva, quedando debiendo parte del crédito.

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Luego, al parecer Berbeo y Pérez Torres decidieron hacer una sociedad, constituyendo a Boylam Cementos y Concretos S.A.S, donde el detenido tenia el 95% de la empresa, después de comprar una parte de acciones a su socio por un valor de 2 mil millones de pesos y que al parecer hasta la fecha aún le adeuda más de la mitad, por lo que instauró la respectiva denuncia ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, quien decretó el secuestro de dichos bienes.

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Es así como luego de analizar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, Jorge Alexander Pérez no aceptó los delitos imputados y el despacho judicial resolvió enviarlo a la cárcel de Picaleña.

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