Senador Miguel Angel Barreto
Por: Senador Miguel Angel Barreto
Quién creería que países como Nicaragua, Honduras, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, sean más eficientes y competitivos que Colombia en cuanto a registros y expedición de certificados para el sector agropecuario.
Ciertamente, mientras en las naciones mencionadas tardan desde tres meses hasta un año estos procesos, en nuestro contexto, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) demora entre 18 y 36 meses para evaluar y aprobar nuevos productos relacionados con la industria veterinaria.
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Colombia ocupa hoy el tercer lugar como mercado farmacéutico consolidado de América Latina, con una participación del 9%, que equivale a 270 millones de dólares, siendo quintuplicado por Brasil y duplicado por México, que por obvias razones poseen un espectro agropecuario más amplio y dinámico.
No en vano, nuestro país supera al resto de vecinos y su posición en la región andina resulta influyente a la hora de estimular la producción y exportación de medicinas veterinarias. En materia de empleo, las cifras hablan por sí solas, este componente agroindustrial sostiene directamente 6.300 puestos de trabajo y actúa indirectamente sobre 250.000 personas.
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No obstante, la problemática planteada es que el ICA se quedó corto en materia de competitividad y eficiencia para garantizar que esta actividad mejore su impacto y siga creciendo con base en una demanda y una oferta en permanente movimiento.
El principal escollo está en los procesos de registro de productos nuevos, que se tardan hasta 3 años después de emitido el primer Concepto Técnico para obtener una Licencia de Venta (LV), requisito fundamental para comercializar estos productos en el mercado nacional y que para ser validado por instancias internacionales para exportaciones, se puede tardar otros meses adicionales una vez expedido. En suma, el rezago puede superar ampliamente los cuatro años, si se tiene en cuenta que la modificación de productos registrados se sitúa en 12 meses.
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De hecho, la ineficiencia administrativa del ICA, siendo una entidad angular del sector agropecuario es preocupante. De 4.360 trámites y requerimientos en esta materia que debió resolver en 2017, solo contestó a tiempo el 34% y por fuera de los plazos básicos el 46%.
No obstante, mi mayor preocupación son las consecuencias que esto tiene principalmente en tres actividades estratégicas del sector pecuario en el país, como son ganadería, porcicultura y avicultura, que sostienen más 1.300.000 fuentes de trabajo y son fundamentales para garantizar el abastecimiento alimentario del país.
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La situación es la siguiente: En Colombia hay empresas farmacéutico – veterinarias muy competitivas, cuyos nuevos desarrollos son significativos para sostener y mejorar el estatus sanitario y que garantizan la lucha contra epidemias y enfermedades en animales que son básicos para nuestra alimentación, pero que infortunadamente se demoran años en lograr su acceso al mercado pecuario.
Es más, y vale la pena mencionarlo, muchos de estos desarrollos medicinales también resultan prioritarios para atender las mascotas en nuestros hogares, cuya población se ha disparado en los últimos años. Estamos hablando entonces del complejo estatus sanitario de la Nación.
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Infortunadamente, esta semana el debate al ICA tuvo que ser suspendido junto con todas las sesiones y debates de control político, pues la prioridad se centró en la ley anticorrupción, por lo que será retomado en la legislatura del segundo semestre.
Así las cosas, resulta clave que el ICA y el Ministerio de Agricultura, junto con el Congreso establezcamos un plan de choque para agilizar los tiempos de evaluación, aprobación y certificación de estos medicamentos, se reduzcan los trámites, se fortalezcan las bases de datos y se implemente una plataforma tecnológica que redunde en un mejor servicio.
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Indudablemente, las demoras afectan tener disponibles productos con innovación y tecnología, que limitan a la industria y a los productores para ser competitivos a nivel internacional.
También, se está en mora de que el Instituto y el Gobierno nacional establezcan una planta de trabajadores especializada y permanente, pues es evidente que hay falta de personal y una rotación de contratistas que no se compadece con la misión de la entidad y los requerimientos del sector pecuario.
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El reto es pasar de aprobaciones que demoran hoy más de tres años a tres meses. Ojalá alcancemos algún día los niveles de eficiencia que las entidades homólogas del ICA sí cumplen en Ecuador o en Nicaragua
Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor
