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El exconcejal de Ibagué Camilo Delgado mediante comunicado que publicó a través de sus redes sociales, se pronunció frente a la medida que interpuso en el Tribunal Administrativo del Tolima con los concejales Carlos Andrés Castro León, Víctor Ariza Loaiza, Víctor Gracia Contreras, Juan Ávila Sánchez, Marco Tulio Quiroga y William Rosas en contra de la Procuraduría General de la Nación, buscando indemnización por daños y perjuicios, con relación a la sanción disciplinaria que les interpuso el órgano de control por la irregular elección del Contralor Ramiro Sánchez.
Según Delgado. "Una de las garantías que tenemos todos los Colombianos en un Estado Social de Derecho como el nuestro es poder ejercer las acciones judiciales y medios de control que la Constitución y la Ley consagra para solicitar ante los jueces de la República la revisión de las decisiones adoptadas por autoridades administrativas".
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Para el ex concejal y hoy candidato a la alcaldía de Ibagué por el partido Liberal, ante la ambigüedad de las decisiones de la Procuraduría General de la Nación donde, por una parte, sancionan a quienes eligieron, amparados en el principio constitucional de la buena fe, un servidor público y, por otra parte, el mismo ente absuelve a la persona que resultó siendo elegida, los cuáles fueron, entre otros aspectos, las razones por las cuales presenta ante el Tribunal Administrativo del Tolima, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual conforme lo establecido por el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) establece que:
“Artículo 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.”
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De acuerdo con lo anterior, y a propósito del artículo publicado por el portal de noticias El Olfato, que titula: “Concejales sancionados de Ibagué buscan millonaria indemnización”, vale la pena precisar que por mandato legal este medio de control busca se declare la nulidad del acto administrativo demandado y, como consecuencia de ello, el restablecimiento del derecho que la justicia determine al momento de proferirse el fallo respectivo, el cual respetaremos, acataremos y cumpliremos".
"También valga la oportunidad de precisar a nuestro compañero y columnista Eduardo Bejarano quien afirmó que los Concejales buscan: ”...Con los impuestos de los ibaguereños, se les indemnice”, que la demanda de ninguna forma fue dirigida en contra del Municipio de Ibagué, toda vez que, por razones sustanciales y procesales, fue presentada en contra de la Procuraduría General de la Nación, como autoridad que profirió los actos administrativos respecto de los cuales se solicitó su revisión ante la jurisdicción contencioso administrativa", señaló Delgado.
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"Independientemente de los agravios recibidos por diferentes personas ante la publicación de la nota periodística, por el hecho de solicitar en derecho, no a través de vías de hecho, que una autoridad judicial revise la legalidad de la decisión adoptada por una autoridad administrativa, reiteró siempre mi voluntad e intención para que con respeto debatamos con argumentos, no con insultos, y contribuyamos a evitar se siga solo promoviéndose el odio o la desinformación a través de las redes sociales".
Y por último agregó en el comunicado. "Aquí estaremos siempre, con la mejor actitud y disposición para contestar todas las dudas e inquietudes que sobre estos temas surjan".
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La indemnización que están solicitando los concejales sería de $516’581.275, donde cada uno reclamaría a través de una acción de nulidad la suma de $73’797.325.
