El Senador tolimense Miguel Ángel Barreto indicó que “pasados 11 años de la entrada en vigencia del decreto 1.500 de 2007, que modernizaría las plantas de sacrificio con estándares internacionales y transformaría los mal llamados ‘mataderos’ en lugares seguros para el desposte y desprese de carnes para mejorar las condiciones higiénicas y consumo seguro de esta proteína a los colombianos, éste no se cumplió como se esperaba y, en la actualidad, especialmente en los municipios alejados de los grandes centros de consumo, persisten los problemas de abastecimiento, altos precios, e inseguridad en el manejo de la inocuidad del producto final”.
En Roncesvalles, por ejemplo, el sacrificio, por reducir costos, se hace en Yumbo (Valle del Cauca), por lo que el transporte de los bovinos y la llegada de la carne en cadena de frío, fija el kilo de carne en 17 mil pesos en verano y 19 mil pesos en invierno. Además, y dada su geografía, difícilmente se puede controlar el sacrificio ilegal, que no abarata los costos, sino que llega a los consumidores finales al mismo valor y pone en peligro la salud de sus habitantes. En Tolima hay 33 municipios con serios problemas de abastecimiento, comercialización y calidad. Una planta de sacrificio, la más económica, cuesta 4.500 millones de pesos.
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“Las normas son muy exigentes y casi de imposible cumplimiento para los municipios, lo que altera los costos del beneficio o sacrificio, pero principalmente estimula la clandestinidad y el abigeato, y pone en riesgo la salud pública. Es evidente, la falta de conocimiento de los ministerios para aplicar normas acordes al contexto de los territorios", dijo Barreto.
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Por su parte, Carlos Gustavo Silva, gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, agregó que “solo ocho plantas en el Tolima cumplen con la normatividad. Este es un problema que afecta a los ganaderos de todo el país y a los consumidores finales, que tiene efectos negativos en el recaudo de parafiscales y compromete la soberanía alimentaria”.
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Para ahondar en este tema, este martes 13 de noviembre, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Comisión Quinta del Senado, se realizará el debate de control político sobre las implicaciones de los decretos 1.500 de 2007 y 2270 de 2012 en materia de inocuidad y sanidad, en el proceso de sacrificio, desposte, desprese y disposición final para el consumo de productos cárnicos, así como las consecuencias del cierre de las plantas de beneficio animal en los municipios.
