Ejército deberá pagar indemnización a soldado herido dentro del Batallón Jaime Rooke

En total deberán ser cerca de 210 salarios mínimos legales mensuales  vigentes los que deberán  ser cancelados  por parte del Ejército Nacional en favor del soldado profesional  Carlos Humberto Mendoza Lozano, quien resultó herido con un disparo de fusil por parte de un ex paramilitar que se encontraba recluido en las instalaciones del Batallón Jaime Rooke en hechos ocurrido el 10 de noviembre de 2005, siendo responsable una persona identificada como Absalón Aroca.

La decisión en segunda instancia fue confirmada por parte del Tribunal Administrativo del Tolima y reafirma el pronunciamiento en primera instancia del Juzgado Décimo Segundo Administrativo de Ibagué, al responsabilizar al estado por los hechos que le costó la vida a un suboficial y heridas a otros dos uniformados involucrados en este ataque al interior de las instalaciones militares.

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Según reza en la decisión de los máximos tribunales de la ciudad y el departamento, el ataque que fue propiciado por parte de Aroca,  se dio por la falta de vigilancia y control del Ejército al interior del Batallón en el cual se encontraba recluido mientras se definía si era o no aceptado en el programa de Justicia y Paz del gobierno nacional, por lo que éste, al ser notificado de  haber sido rechazado en este programa especial de justicia, tomó un fusil de una de las personas presentes en el lugar y atacó a varios de los uniformados que se encontraba a con él, hiriendo entre ellos al demandante de esta situación y posteriormente quitándose la vida.

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En el proceso de investigación se establece que Aroca, se movilizaba sin problema alguno por las instalaciones militares, argumentándose por parte del Ejército no tener las instalaciones idóneas para su  reclusión, sin contar que la orden de trasladarlo  hacia la cárcel La picota de Bogotá, había llegado 18 días antes de  ocurrido los hechos, por lo que en aquel entonces,  el Ejército afirmó que no se  hizo efectiva por no contar con los medios para poderlo trasladar  bajo un esquema de seguridad idóneo, argumentos que pierden validez al afirmarse que este tipo de proceso debió haberse acompañado por parte del Inpec.