Fiscalía acusó al exvicerrector de la Universidad del Tolima, Carlos Alberto Ramos

La Fiscalía General de la Nación continúa su lucha contra la corrupción y, en
cumplimiento del plan Bolsillos de Cristal, presentó el escrito de acusación por
las presuntas irregularidades en la contratación de la remodelación del estadio
Guillermo Plazas Alcid en Neiva.

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Por estos hechos fueron vinculadas siete personas entre las que se encuentran
exfuncionarios y contratistas.

Los acusados son:

1. Pedro Hernán Suárez Trujillo, exalcalde de Neiva
2. Carlos Alberto Ramos Parrací, exdirector de Deportes de Neiva
3. Carlos Fernando Puentes Ramírez, exjefe de Contratación
4. Mauricio Vargas Cuéllar, curador primero de Neiva
5. Erika Johana Fernández Figueroa, representante legal del Consorcio
Diseños Estadio
6. Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal de Consorcio
Estadio 2014
7. Gustavo Adolfo Arboleda Alvarez, contratista representante legal de la
Unión Temporal Neiva 2012.

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Los procesados deberán responder por peculado por apropiación en favor de
terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en
la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

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La investigación evidenció que, pese a las recomendaciones técnicas, se
suscribió un contrato de obra pública para la remodelación y refuerzo
arquitectónico y estructural del Estadio Guillermo Plazas Alcid, y a través de
diversos contratos celebrados un tercero se habría apropiado de recursos públicos por una cuantía cercana a los veinticinco mil millones de pesos
($25.000’000.000).

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Los investigadores encontraron que la obra inició con diseños y estudios
incompletos, y presupuestos variados y desfasados. Además, los estudios de
vulnerabilidad sísmica eran obsoletos y no se hizo el reforzamiento estructural
necesario que garantizara la seguridad de la obra. La Fiscalía evidenció que
apenas fueron invertidos dos millones cincuenta y cinco mil pesos ($2’000.000),
del presupuesto inicial establecido que superaba los dos mil millones de pesos
($2.000.000.000).

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Todas estas anomalías habrían generado el colapso de la estructura en el año
2016, la cual dejó 13 víctimas, cuatro de ellas obreros que murieron y nueve
más que resultaron heridos.

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Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación avanza en dos investigaciones penales. La primera, por las irregularidades en la contratación y,
la segunda, por los homicidios y las lesiones.

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