La adopción de mecanismos más transparentes y de lucha contra la corrupción fueron temas que trató la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, en la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México, que se realiza en la capital del departamento de Bolívar.
Dijo que el sistema de integridad con enfoque en conflictos de interés, la declaración de ingresos y activos; la responsabilidad de personas jurídicas con énfasis en la adecuación de los sistemas de cumplimiento corporativo; la protección de reportantes y la cooperación judicial internacional son mecanismos de lucha que desde el Gobierno Nacional se vienen implementando.
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La funcionaria hizo énfasis en la construcción de bases sólidas para promover cambios estructurales, “empezando por la construcción de la política pública de lucha contra la corrupción y estado abierto, en la cual hay aportes de sociedad civil, privados y recomendaciones de comunidad internacional” añadió.
Enfatizó también que la tarea de la lucha contra la corrupción “está en identificar cómo podemos adoptar estándares que nos garanticen mejor transparencia y de esa manera reducir las probabilidades de corrupción. Con el presidente Iván Duque hemos venido impulsando la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para adoptar mecanismos mucho más transparentes en todas las decisiones de contratación, en todas las decisiones que tienen que ver con nombramientos para que estos no se hagan por rosca política”, señaló.
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Asimismo, dijo que es de suma importancia la participación de representantes de alto nivel de entidades públicas, así como miembros de la sociedad civil de Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
“Tenemos que lograr un país en donde la gente que se nombra en los cargos llegue allí por los méritos, por su experiencia, por su conocimiento. Ese mismo trabajo lo queremos hacer a nivel territorial, en las ciudades”, agregó.
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Del evento hicieron parte representantes de organismos internacionales y multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC), USAID y Alliance for Integrity que cuentan como garantes para que los procesos y pactos a los que se llegue sean cumplidos y el compromiso anticorrupción tenga resultados oportunos y reales.
Y es que la corrupción afecta la eficiencia del Estado, 'disminuye confianza del ciudadano en las instituciones y en su capacidad de resolver problemas públicos, frena el desarrollo económico, profundiza desigualdad social y amenaza la sostenibilidad del Estado de derecho”, sostuvo.
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Finalmente enfatizó en la premisa que “para acabar con la corrupción tenemos que ir más allá que cumplir la ley, es cambiar la cultura de la sociedad, teniendo una con sentido más ético, tanto en el uso de los recursos públicos como también en las operaciones privadas. Necesitamos empresas que le cumplan a los trabajadores siempre, que los contratos se cumplan, un país donde se honre la palabra”.