La olla está raspada

Por: Miguel Angel Barreto

En las actuales condiciones de la economía nacional que apenas comienza a despegar este 2019 es injusto que le sean quitados o reducidos los subsidios al servicio de energía a los estratos 1, 2 y 3, mucho más que se piense en ampliar esta medida al suministro y distribución del gas domiciliario.

El año anterior arrastró consigo un bajo crecimiento económico, se verificaron limitaciones de demanda en el mercado nacional, además se comenzaron a sentir los efectos de la reforma tributaria aprobada por el expresidente Santos y el presidente Duque ajustó la suya iniciando su Gobierno.

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Los incrementos permanentes en los combustibles, la devaluación que encarece las importaciones y el reajuste tradicional en enero de las tarifas en todas las actividades y servicios, adicional a los costos escolares, ha logrado que los colombianos se sientan literalmente ahogados en sus finanzas personales y familiares.

En el ámbito municipal, la crisis de los hogares es más palpable, es el caso de Ibagué, en donde el aumento del desempleo, la incontrolable informalidad y los altos cobros de Predial abren otras grietas en los bolsillos de nuestros ciudadanos. Los gastos y obligaciones crecen en una proporción mayor a los ingresos.

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La realidad es una sola: La olla está raspada. Los ciudadanos, en más de un 80% pertenecientes a las clases medias y trabajadoras, no aguantan más cobros ni más impuestos, por lo menos hasta que se reactive la economía, haya una inversión pública en las regiones y se presenten crecimientos superiores al 4%. En esto tenemos que ser claros, porque nota uno gente más preocupada por el sector energético y sus empresas que por la situación real de los colombianos.

Precisamente, este jueves, radiqué ante la Cámara la proposición para eliminar el artículo 179 del proyecto de Ley 311 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que resulta regresivo, pues pretende reducir y eliminar los subsidios en la tarifa del servicio de energía que otorga el Gobierno a los estratos 1, 2 y 3. La iniciativa, además de ser inequitativa, equivale a que un padre de familia tenga que disminuir las compras de alimentos básicos para pagar los nuevos incrementos en el servicio de energía.

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De manera injusta, en el PND se estima que la parte de la tarifa que refleje los costos de administración, operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro sea cubierta siempre por el usuario, lo que automáticamente le generará un incremento en el valor de la energía de un 18 por ciento aproximadamente. Además los estratos 1 y 2 perderían el 10% del subsidio.

Así como me opuse a que fuera gravada la canasta familiar con IVA, mantengo mi posición de que esta no es la solución, pues el Gobierno nacional puede reducir aún más la burocracia y mejorar su austeridad fiscal.

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Por cierto, no resultaría justo que la falta de planificación y previsión para afrontar El Niño termine desembocándonos en una contingencia energética y que esto sea trasladado a los usuarios. Después del 28 de febrero, cuando está programada la subasta del cargo de confiabilidad, el Ministerio de Minas deberá dar claridad sobre las expectativas de suministro para este año y el 2020.

También debe existir total honestidad en el caso Hidroituango, ya que la Contraloría General de la Nación advirtió por un posible desabastecimiento energético en 2021 si el megaproyecto se ve obligado a retrasar su ingreso al Sistema Eléctrico Nacional. ¿Cuál es el plan B y qué fuentes alternas (proyectos) podrían subsanar dicho faltante? Que no terminemos los colombianos, de nuestros bolsillos, pagando los platos rotos del Gobierno, los generadores y comercializadores de energía.

Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor