Senador Miguel Ángel Barreto
Por: Senador Miguel Angel Barreto
Si Brasil con un arancel del 35% y México con el 30% protegen su industria textil-confecciones, no se entiende por qué Colombia no establece un impuesto en frontera más alto al que aplica actualmente del 13.5%. En este punto es claro señalar que salvaguardar la producción nacional no es un tema ideológico, nacionalista, socialista o neoliberal, es sencillamente aplicar la lógica de la producción, el empleo y la competitividad.
Antes de 2016, esta actividad llegó a generar más de dos millones de empleos en el país, pero los decretos 1744 y 1745 terminaron siendo regresivos y abrieron la puerta a las importaciones masivas de prendas de vestir. Por ejemplo, hoy solo se cuenta con 1.5 millones de empleos (se perdieron más de 500 mil) y las prendas importadas pasaron de 584 millones en 2017 a 675 millones en 2018.
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Las modificaciones realizadas en los capítulos de comercio exterior 61, 62 y 63 ampliaron la capacidad de tan solo 42 compañías especializadas en comprar estos artículos en los mercados de los países asiáticos con quienes no tenemos acuerdos comerciales y apenas representan el 1% de las exportaciones, afectando indiscutiblemente las 60.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan puestos de trabajo, pagan impuestos y garantizan una dinámica permanente en la economía nacional.
En otras palabras, este tipo de políticas estimula los salarios de hambre de países como China, Bangladesh, Vietnam y otros africanos (21 dólares por mes), cuya producción termina monopolizada por transnacionales que venden a unos importadores segregados en varios continentes grandes volúmenes de mercancías, que, al ingresar a economías como la nuestra golpean el aparato productivo.
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Sin embargo, seguir este juego perverso por parte del Gobierno nacional también afecta las finanzas públicas, pues la evasión, según la Dian, se ubicó en 4.2 billones de pesos en 2017 y de esta manera la subfacturación termina siendo legalizada por falta de reglas arancelarias y aduaneras más serias y eficaces.
Decisiones como estas golpean directamente a miles de madres cabeza de familia que laboran o tienen sus propios talleres, desestabiliza el aparato productivo, desestimula el crecimiento del empleo y le resta estabilidad al empresario colombiano.
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Esta coyuntura fue lo que nos llevó en la Comisión Quinta, con la convocatoria del senador Jorge Robledo y el respaldo de parlamentarios de otros partidos, a participar en la audiencia pública del pasado lunes en el Congreso.
Sin duda, el tema es complejo y requiere acciones inmediatas por parte del Gobierno antes de que el sector siga perdiendo más puestos de trabajo y en uno o dos años año estemos hablando, ya no de 1.5, sino de menos de un millón de empleos: El arancel contemplado para las partidas mencionadas (61, 62 y 63) debe ser superior al 35% por ciento, la OMC permite la aplicación discrecional hasta el 40%.
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Igualmente, el impuesto a los hilos importados debería pasar del 10 al 5% para que nuestros empresarios puedan adquirir materias primas más baratas. También debe existir un arancel mixto para compras de 20 dólares en adelante por kilo.
La Dian, por su parte, está en mora de establecer unas medidas de choque para frenar la evasión, tanto por aranceles como por impuestos (IVA) dejados de facturar. En este escenario, es importante que la Fuerza Pública, es decir Policía, Ejército, Armada Nacional y Fuerza Aérea, conformen un equipo de seguridad más activo que le declare la guerra al contrabando en los puertos y las fronteras.
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No está de más, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, muestre un mayor grado de aprecio, respeto, apoyo y respaldo a los actores sociales y económicos del sector textil – confecciones, como sí ocurre en Brasil y México. La ecuación es simple: A mayores prendas importadas habrá más desempleo en Colombia.
Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor
