74% de los casos de trata de personas atendidos por la Defensoría fue por fines de explotación sexual
A través del Observatorio Defensorial para el Análisis de la Trata de Personas y el registro de casos identificados y asistidos por las Duplas de Género de su Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, la Defensoría del Pueblo logró detectar y acompañar 100 casos de trata de personas entre enero y junio de este año en el país, 74 de ellos correspondieron a trata con fines de explotación sexual, en la mayoría de los casos, de mujeres.
Ante tan lamentable situación y en el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Defensoría del Pueblo les reitera el llamado al Estado colombiano y sus instituciones: adelanten acciones que permitan la debida diligencia en la prevención temprana y urgente de contextos de riesgo de trata con fines de explotación sexual y laboral, especialmente en niñas, adolescentes y mujeres.
El delito de la trata es la forma moderna de esclavitud humana, por lo que se constituye en una grave vulneración de los derechos humanos que día a día afecta a más víctimas nacionales y extranjeras.
La Defensoría insta, así mismo, al Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas a liderar con la mayor celeridad e integralidad la implementación de un protocolo unificado que oriente a las entidades en las medidas que deben adoptar para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas, enfocándose en la protección de los derechos humanos. El fin es que sea garantizada la aplicabilidad de los enfoques definidos en la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas.
Para la institución nacional de derechos humanos, también es de suma importancia que sean destinados recursos para la asistencia a las víctimas y adelantadas las acciones necesarias para perseguir, judicializar y condenar a quienes, de manera autónoma u organizada, esclavizan a las mujeres en cualquiera de sus finalidades.
Por lo anterior, exhorta a las entidades del orden territorial, con el debido acompañamiento del nivel nacional, a implementar medidas que permitan mitigar el riesgo de esclavitud, así como medidas de asistencia con enfoque de género para quienes sean víctimas directas e indirectas de trata, buscando siempre el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados tanto antes como después de la victimización.
La Defensoría del Pueblo seguirá emitiendo las debidas recomendaciones a las instituciones del orden nacional y territorial, a fin de lograr la protección y garantía de derechos de las poblaciones en riesgo de ser víctimas de trata, así como de quienes ya han sido víctimas directas e indirectas del flagelo. El propósito es que sea mitigado el riesgo de configuración del delito.
Proteger los derechos a la libertad y dignidad humana requiere la implementación de políticas públicas que contribuyan a prevenir la esclavitud y el comercio de seres humanos dentro y fuera del país. Igualmente, es clave propender por la búsqueda de soluciones efectivas en la atención y prevención de nuevos casos, pero, sobre todo, en la oportuna y eficaz judicialización de los responsables de la conducta delictiva.