El alto tribunal rechazó rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia de Tuluá - Valle del Cauca y urge a detener la violencia.
La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención a los integrantes de la mesa de negociación del Paro Nacional y líderes del país a reconocer y asumir su responsabilidad, con el fin de apaciguar la alteración social para detener pérdidas humanas, ruptura del tejido social y destrucción económica en el marco de las actuales protestas que se registran en Colombia.
El alto tribunal aseguró que en momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos.
Esta declaración la emitió la Corte Suprema al rechazar rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá - Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio.
“El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”, aseguró el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández Barbosa, al hacer un urgente llamado a detener la violencia en el país.
Así mismo, sostuvo que “estos eventos ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”.
Según el magistrado Hernández Barbosa, es necesario que los miembros de la mesa de negociación y líderes políticos rechacen enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, al igual que los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras.
“En el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica, y detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas”, dijo Barbosa.
Fuente
Sistema Integrado de Información
