Condenan al Ejército y al Ministerio de Defensa por caso de 'falso positivo' en el Tolima

El juzgado precisó que se tuvo en cuenta la declaración del exguerrillero Edward Laín Bermúdez Cardona, quien en el 2014 aceptó su responsabilidad en un proceso penal adelantado por el homicidio de Ángel Sánchez. 

El testigo aseguró que en diciembre de 2007, dos uniformados adscritos a la Regional Inteligencia Militar del Ejército (Rime), para quienes trabajaba y a quienes identificó como ‘Mario’ y ‘Felipe’, lo contactaron con el fin de que los relacionara con la víctima e hiciera parte del plan que tenía como propósito acabar con su vida. 

Relató que el 22 de diciembre del mismo año, los militares invitaron a Marco Fidel a departir unos tragos en Ibagué. Cuando iban las cuatro personas hacia la capital del Tolima, el vehículo en el que se movilizaban se detuvo y en la vereda Martínez cometieron el homicidio, al parecer con complicidad de otros integrantes de esa institución. 

El informe elaborado por el Batallón de Infantería N°18 dio cuenta que Ángel Sánchez fue abatido en un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Se indicó que el mismo portaba un arma de fuego calibre 38 y un morral de guerrillero. 
 

Días después, Gilma Torres Varón, compañera sentimental de la víctima, halló su cuerpo en el cementerio San Bonifacio de Ibagué pero reportado como NN.

“Con la declaración del señor Edward Lían Bermúdez Cardona, se tiene que lo acontecido no fue el resultado de un combate del Ejército Nacional con miembros de grupos al margen de la ley, sino una puesta en escena para mostrar resultados positivos con la ejecución extrajudicial del señor Marco Fidel Ángel Sánchez (q.e.p.d) que se constituye en una grave violación a los Derechos Humanos y que por ende debe ser indemnizada”, señala uno de los apartes de la decisión.

Producto de la demanda presentada en 2017 por Torres Varón y su hija, el juzgado concluyó que hay una responsabilidad económica por parte del Estado y determinó conceder tratamiento médico y psicológico a las dos personas. 

Adicionalmente se ordenó un reconocimiento público por parte del Ministerio de Defensa y el Ejército, en el que se pidan excusas y se acepte la responsabilidad por la ejecución extrajudicial. El acto se realizará únicamente si las demandantes lo aceptan.