Gobernación del Huila mantiene firme solicitud para que la represa del Quimbo sea multipropósito

“Junto con el Gobernador del Huila queremos impulsar en la represa del Quimbo, el cultivo de Tilapia. Pediremos a Emgesa, operadora de las dos represas, que nos permita impulsar este proyecto que beneficiará a 4.000 campesinos y pescadores de la zona que fueron desalojados a la fuerza, en parte como una medida de compensación, pero sobre todo porque merecen salir de la pobreza”, se lee en la publicación.

Para Bolívar, replicar la experiencia de Betania permitiría generar empleo, dinamizar la economía y mejorar la seguridad alimentaria en la región. No obstante, la propuesta ha generado opiniones divididas entre ambientalistas y pescadores, debido a que no existen estudios técnicos que respalden esta transformación ni se ha dado cumplimiento a compromisos previos relacionados con la adecuación de tierras para las comunidades desplazadas por la hidroeléctrica.

 Actualmente, hay 5.200 hectáreas pendientes de entrega con riego de gravedad, lo que genera preocupación en los sectores campesinos, los cuales se oponen al proyecto argumentando que la represa del Quimbo fue diseñada como un sistema unipropósito para la generación de energía, y señalan que el embalse presenta problemas de contaminación que podrían agravarse con la piscicultura intensiva. 

“Si las actividades a las que se refiere el señor Gustavo Bolivar es a los proyectos de piscicultura en el espejo de agua de la represa es muy difícil, primero porque la contaminación que le generó a la represa El Quimbo por no retirar la biomasa, pues en este momento está en plena ebullición la contaminación, en segundo factor es que la represa fue diseñada unipropósito”, indicó Leonardo Piedrahita, representante legal de la Asociación de pescadores puerto seco con sede en Gigante. 

Par funcionar tendría que haber una suma de voluntades políticas como la de cambiar la función inicial de la represa a multipropósito, y llevar a cabo un estudio de manera satisfactoria que es el Plan de Ordenamiento Piscícola y acuícola del Quimbo.

“Claro, estas actividades darían un gran empuje a la parte económica del departamento, habría empleo, turismo, recursos, pero no es posible si no se hace el cambio de la función, y no va a ser fácil ya que la multinacional no estará dispuesta a ese cambio”, agregó Leonardo.

Por su parte, Javier Roa, coordinador de la veeduría ciudadana que fiscaliza la licencia del Quimbo, advirtió que no existen estudios de capacidad de carga que permitan determinar la viabilidad técnica del cultivo de tilapia, alertando además sobre la falta de permisos de ocupación del área ribereña y los posibles impactos negativos en la represa vecino de Betania.

“Entendemos la buena intención del señor Bolívar, pero tiene varios inconvenientes, lo primero es que el Quimbo no tiene un estudio de capacidad de carga que nos diga técnicamente cual sería la posible producción que podría generar este proyecto hidroeléctrico, y que hay un inconveniente legal ya que el dueño del embalse es el dueño del proyecto, para establecer la infraestructura de la explotación de la Tilapia tendría que tener permiso del área ribereña”, puntualizó Roa.

Por otra parte hay que recordar que el tema de la oxigenación de la represa de Betania, la cual está uno metros más debajo de la del Quimbo, ha sido un tema complicado y por lo tanto ha existo bastantes muertes de la especie de Tilapia, debido a que la calidad del agua no es muy buena.

“Si le implementamos aguas arriba la explotación industrial, pues desafortunadamente la calidad del agua, aguas abajo, Betania no va a ser la mejor. Betania en este momento tiene una sobreproducción, está pasado de su capacidad de carga”, agregó Roa.

Más allá del debate sobre la piscicultura, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica siguen esperando la restitución de tierras, a la fecha hay 5200 hectáreas pendientes de entregar con adecuación de riego de gravedad, mientras que de 8.600 hectáreas que fueron inundadas con la construcción de la represa, solo se han compensado 104. 

“Es que tenemos todavía pendiente más de 10.000 reclamaciones, hay gente que aún no les han entregado las tierras. Hay 5200 hectáreas pendientes de entregar con adecuación con riesgo por gravedad. Hay 11076 hectáreas por recuperar de parte del gobierno, del magno daño ecológico que se le hizo al territorio departamental”, explicó Javier Roa.

Los líderes insisten en que, antes de considerar nuevos proyectos en la represa del Quimbo, es fundamental garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades desplazadas. Además, exigen que cualquier iniciativa pase por estudios técnicos rigurosos y consultas con los habitantes de la zona, para evitar impactos ambientales y conflictos sociales. 

El futuro del Quimbo sigue en debate y dependerá de las decisiones que tome el Gobierno Nacional, la Anla y Enel Emgesa en los próximos meses.

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