
Investigan asesinato de joven que ya había sido recuperado de las disidencias de las Farc en el Huila
Investigan asesinato de Juan Pablo Lozada Gallo, joven que había sido recuperado de las disidencias de las Farc en zona rural de La Plata, Huila. Al parecer ni ICBF ni la UNP del Huila habrían garantizado la protección u orientación adecuada al menor ni a su cuidadora.
La muerte violenta de Juan Pablo Lozada Gallo, un adolescente de tan solo 15 años que había sido reclutado por las disidencias de las Farc y luego recuperado por el Ejército Nacional, ha generado una profunda indignación en el departamento del Huila. Su cuerpo fue encontrado sin vida con múltiples impactos de bala y latas de aerosol en la vereda San Martín, zona rural del municipio de La Plata.
Juan Pablo, conocido como ‘Piquiña’, fue víctima del reclutamiento forzado por parte de la estructura ‘Hernando González Acosta’ del Bloque ‘Isaías Pardo’, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Aunque había sido rescatado y entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su protección y proceso de reintegración, su historia terminó de forma trágica.
“Este joven era proveniente de La Plata, Huila, en el mes de enero se comunicó con nosotros en compañía de su señora abuela, y pide apoyo, ya que obviamente venía siendo presionado por las disidencias de las Farc para que hiciera cosas en contra de la fuerza pública en municipios como La Argentina, Belén, La Plata, Gallego en el Huila”, indicó Alexander Vargas, director de la organización defensora de Derechos Humanos, colectivo Mambrú.
Todo el proceso fue acompañado por la fundación, con el fin de hablar con el ejército y especialmente el Gaula, quienes activaron una ruta efectiva que dio con la recuperación del menor, una vez se logra el objetivo, realizaron los enlaces ya que la familia tenía al parecer antecedentes con el ICBF del municipio, desconfiaba de la entidad.
“Su abuela no quería saber nada del bienestar familiar, ya que sentía que no le estaban brindando el apoyo correcto, por eso le dijimos que lo trajera, para hablar con defensoría del pueblo al tocar un tema tan complejo y delicado como es el reclutamiento de menores”, agregó Vargas.
Una vez llega el joven a Neiva, la fundación activa la ruta con bienestar, el cual al parecer no quiso recibir a la fundación, ya que la ruta era que el ejército entregara el menor directo al bienestar.
“Ante esta situación hablamos con defensoría y hubo un choque entre bienestar y defensoría, ya que el bienestar no quería ni que defensoría fuera el intermediario. Yo les di posada como por cuatro días, llamado luego al bienestar para que activara la ruta porque primero no tenía por qué dejarlo salir ya que lo estaban buscando en ese momento”, puntualizó Vargas.
Según la denuncia, al menor lo estaría buscando las disidencias porque pensaban que él era el informante que le avisaba al ejercito donde estaban, pues en días anteriores había realizado diferentes capturas e incautaciones.
“Al ver que no contaban con apoyo del bienestar resolvieron volver al municipio de La Plata, pedimos a la Unidad Nacional de Protección, hace dos meses que hasta el son de hoy no le pusieron seguridad. Al llegar al municipio nuevamente fue involucrado con las disidencias, resultando en el fatal desenlace”, indicó Vargas.
El hallazgo de su cadáver fue reportado por la comunidad local, que alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un paraje rural. Las versiones apuntan a que habría sido asesinado con arma de fuego, y aunque aún no hay claridad sobre los responsables, las primeras hipótesis no descartan la participación de las mismas estructuras disidentes de las que había logrado escapar.
El caso ha revivido la preocupación sobre las falencias institucionales en el acompañamiento a menores vinculados al conflicto armado. Aunque existe una ruta de atención diseñada por el Estado para estos casos, en la práctica, muchas veces la implementación se ve afectada por la falta de personal especializado, la ausencia de coordinación entre entidades y la escasa presencia institucional en zonas rurales.
“Debieron dar el apoyo al menor desde el primer momento, pero Bienestar Familiar, sentimos que le dio la espalda a la familia. Si esta es la ruta de que un joven se entregue y lo dejan desamparado, para qué le pedimos a los jóvenes que se vengan, yo creo que están mejor en un grupo armado que venirse, ya que quedan boleteados por las disidencias y por el ejército”, finalizó Vargas.
La investigación para esclarecer este homicidio avanza por parte de las autoridades judiciales y policiales. Se busca establecer si el crimen fue una represalia, una venganza o una advertencia para otros jóvenes en situación similar.
Mientras tanto, organizaciones sociales y de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para revisar los protocolos de protección a menores víctimas del conflicto, especialmente en departamentos como el Huila, donde persiste la influencia de grupos armados ilegales.
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