Proyecto de ley busca regular venta de tarjetas SIM para acabar con extorsiones

Ante esta situación, el representante junto con otros congresistas más, firmaron el proyecto de ley, con el propósito de combatir la extorsión a través de uno de los tipos que son hoy en día los más usados tanto por grupos armados ilegales, y en su mayoría por delincuencia común.

“Es un proyecto de ley del cual soy autor, junto con 15 congresistas que lo firmaron, ya está en la comisión sexta, tiene como principal objetivo que los ciudadanos cuando vaya a comprar una SimCard, dejen sus datos, su huella y su registro. De cada 10 extorsiones, 7 son a través de llamadas telefónicas, con SimCard compradas para delinquir”, agregó Triana.

De esta manera, la iniciativa incluye una disposición para que las llamadas provenientes de centros carcelarios se identifiquen automáticamente en los dispositivos de los destinatarios, alertándolos de su origen. Según el representante, esta medida es fundamental para que las personas puedan identificar y evitar responder llamadas de extorsión.

 "Aquí saldrán las grandes empresas a decir que aquí eso les daña la venta, que ellos tienen el monopolio, pero es que este país tiene que pensar en la seguridad del ciudadano y no en el beneficio patrimonial de esas empresas. La ley obligará que haya registro al momento de la compra del simcard”, puntualizó el representante.

Ante el aumento de denuncias de extorsión en la región, Triana ha instado a fortalecer con más recursos y herramientas a la fuerza pública, para que tenga la capacidad de responder y enfrentar la situación, buscando así mejorar la tecnología de rastreo y el control de las llamadas desde las cárceles.

“Muchas de las extorsiones son por personas que suplantan a las disidencias de las Farc, y la extorsión se volvió una actividad criminal rentable. Necesitamos herramientas, agilidad en procesos judiciales y mucha tecnología y movilidad plena de la policía, para que no tenga motos varadas en garajes”, explicó el representante Triana.

Este modus operandi no solo genera terror entre los ciudadanos, sino que también complica la labor de las autoridades, al hacer más difícil la identificación de amenazas genuinas, por lo que la propuesta también se enfoca en proteger a los sectores vulnerables de la economía local, muchos de los cuales son objetivo frecuente de los extorsionadores.

“Neiva se encuentra dentro de las cinco ciudadanos con mayor casos de extorsiones en el país, hasta el propio presidente se refirió. Los gobernantes también tienen que ejercer la seguridad y tomársela enserio, fortalecer con recursos la fuerza pública, y hacer de la seguridad una política pública permanente”, indicó Julio César Triana.

El primer debate se hará en la comisión sexta, luego pasaría a plenaria de cámara y tendrán que ir a defenderlo al senado. Es un proyecto de cuatro debates porque no modifica la constitución, es una ley ordinaria que además tiene como segundo artículo que se les ponga unos dispositivos de tecnología a los centros carcelarios para que la llamada que salga de allí se ha inmediatamente identificada.

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