Integrante de la 'primera línea' de Cali pide ser vocera de paz tras quedar en libertad

La joven agregó que "igualmente, yo no he sido derrotada en juicio, no me han declarado culpable, como para decir que yo sea responsable de esos hechos y por eso no me pueda convertir en gestora de paz".

Sin embargo, Peter Sepúlveda, defensor de derechos humanos y quien hace parte del colectivo que trabaja por la defensa de los integrantes de primera línea de la ciudad, asegura que para ser vocero o gestor de paz, los delitos cometidos no pueden ser de tipo común, sino relacionados con la protesta social como daño a bien público, obstrucción a vía pública y violencia en espacio público, por lo que los casos deben ser evaluados.

“En el caso de lo que es Paso del Comercio, que son 12 muchachos y una chica involucrada, ellos son delitos de tipo común que no tenían nada que ver con la protesta social. En el Paso del Comercio sucedió un crimen, en lo que la Fiscalía no tiene evidencias. Allí han sido liberados por vencimiento de términos aproximadamente tres o cuatro personas. Por ser delitos de tipo común, técnicamente están por fuera de lo que son los beneficios para ser vocero de paz”, manifestó Sepúlveda.

Según el defensor de Derechos Humanos, en la lista del presidente están los 64 integrantes de la primera línea que hay en el Valle del Cauca, sin embargo, eso no significa que vayan a ser nombrados como voceros.

El crimen

De acuerdo con la Fiscalía, el Policía Carlos Andrés Rincón Martínez, se movilizaba en su moto vestido de civil por el cruce de la Avenida Ciudad de Cali con la Carrera 1, en el nororiente de la ciudad, cuando fue interceptado por un grupo de aproximadamente siete personas que lo bajó del vehículo y, al parecer, lo intimidó con armas de fuego.

Cuando verificaron que su víctima era miembro de la fuerza pública, lo llevaron contra su voluntad hacia el sitio conocido como Punto Cero, donde se encontraba una de las barricadas ubicadas para bloquear la vía que conduce de Cali hacia el municipio de Palmira y posteriormente asesinarlo. 

Según Francisco Barbosa, fiscal general, sometieron al uniformado a agresiones físicas y al ataque con armas blancas y de fuego, causándole la muerte. Luego, el cuerpo del uniformado fue arrojado al río Cauca con el fin de desaparecerlo, pero fue hallado cuatro días después flotando en el afluente. 

Los procesados fueron identificados como John Michael Cardona Jaramillo, Cristian Andrés Cortés Ortiz, Carolina Montaño Cuero y Daniel Alejandro Aguirre Castillo.