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Según la ONU desde la firma del Acuerdo de Paz no habían tantas bajas.
El 2019, fue "el año más violento" para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia y que sufrieron 77 asesinatos, revela el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado este martes en Bogotá.
El documento, que dedica buena parte a la situación de seguridad de los exguerrilleros, hace un balance de la implementación del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 y abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019.
"Durante el período sobre el que se informa, la Misión verificó 20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP, lo que convierte a 2019 en el año más violento para los excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz, con 77 asesinatos hasta la fecha, frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. El número total de asesinatos es ya de 173, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio", detalla la ONU.
Llamado de atención
La Misión de Verificación de la ONU llama la atención sobre el crimen de Alexander Parra Uribe, conocido en la guerrilla con el alias de "Rodolfo Fierro", asesinado el pasado 24 de octubre en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, en el departamento del Meta (centro).
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El organismo describe a Parra como "un respetado líder" del antiguo ETCR y recuerda que su esposa, Luz Marina Giraldo, "también excombatiente, era candidata del partido FARC en las elecciones locales, y el homicidio se produjo dos días antes de las elecciones" del pasado 27 de octubre.
"Este asesinato fue el primero ocurrido dentro del anillo de protección de uno de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación y, por lo tanto, agravó la percepción de inseguridad de los exmiembros de las FARC-EP", destaca la ONU en el documento publicado en Bogotá y que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el 13 de enero de 2020.
Justicia
La ONU también resalta la cooperación entre la comunidad y la Fiscalía colombiana que logró llevar ante la Justicia a un suboficial del Ejército que fue condenado por el asesinato del desmovilizado Dimar Torres, ocurrido en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander.
Ese crimen fue ordenado, según medios locales, por el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, y lo perpetró el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue condenado a 20 años de prisión.
Por este caso, según informó el Ejército, Pérez Amézquita fue retirado de la institución, así como otros dos militares implicados.
Pese a esto, el informe dice que "el caso estuvo paralizado durante dos meses debido a un conflicto de jurisdicción entre la Justicia militar y la Justicia ordinaria, que finalmente se resolvió a favor de esta última".
El documento detalla que en lo que hace referencia a asesinatos a desmovilizados "la Unidad Especial de Investigación (de la Fiscalía) ha informado de que en 21 casos se han dictado condenas y que 13 casos se encuentran en la etapa de juicio. La Unidad también ha informado de que el 80 % de los ataques están vinculados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales".
Sin embargo la ONU asegura que hay dificultades para acabar con las estructuras que están detrás de los asesinatos de los exguerrilleros pues "solo 9 de los 67 sospechosos detenidos son los autores intelectuales".
Más números rojos
El informe señala también que desde la firma de la paz la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019".
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Sobre esta complicada situación, dice que la Fiscalía y la Policía "están dirigiendo las investigaciones y han informado de avances en el 39 % de los 86 casos".
"El secretario general de la ONU hace énfasis en que la seguridad de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsicamente vinculada a la seguridad de sus comunidades", subraya.
Presencia devastadora
La ONU considera que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".
Por ese fenómeno también se ven afectadas las comunidades indígenas y afrocolombianas, en particular en los departamentos del Chocó (oeste) y el Cauca (suroeste).
Detalla la ONU que "no se ha contenido la violencia generalizada en el norte del departamento del Cauca" donde en octubre se produjeron dos masacres en menos de 36 horas, "incluida una emboscada que se cobró la vida de Cristina Bautista, lideresa de la comunidad nasa, y otras cuatro personas".
El informe también manifiesta que "el deterioro de la situación en el departamento del Chocó es motivo de alarma".
Recuerda que a comienzos de este mes la Defensoría del Pueblo "confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales".
