De presunto acoso sexual es señalado docente de la Universidad del Tolima
Desde hace algún tiempo se ha venido realizando seguimiento a denuncias por presunto acoso sexual dentro de la Universidad del Tolima, donde algunas estudiantes afirman que han sido victimas de este flagelo por docentes de la institución.
La noticia se conoció luego del anuncio dado por la oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad del Tolima, donde formulaba pliego de cargos contra el docente Héctor Eduardo Esquivel, quien se habría visto involucrado en un presunto caso de acoso sexual a una de sus estudiantes de Sistemática Vegetal en el semestre B del año 2016.
Es de acotar, que el docente se desempeña en el programa de Biología, donde según fuentes cercanas, las denuncias ya se venían presentando desde hace años.
Cabe resaltar, que si se confirman los hechos, el docente habría violado el artículo 210A de la Ley 599 de 2000 que señala el delito de acoso sexual, el cual prohíbe acosar, asediar u hostigar a una persona con fines sexuales no consentidos. También, el señor Esquivel habría violado el Principio de Moralidad, especificado en el artículo 209 de la Constitución Política, y el artículo 22 del Código Disciplinario Único, que establece la garantía de la función pública y exige salvaguardar la moralidad pública.
En dialogo con Alerta Tolima de La Cariñosa 1.420AM, el Jefe de la Oficina Jurídica de la UT, Andrés Felipe Bedoya, entregó su postura de los hechos, calificando la falta como gravísima.
“Efectivamente la oficina de Control Disciplinario profirió el pliego de cargo teniendo en cuenta que se determinó que existe el mérito para formular estos cargos con unos hechos relacionados al año 2016. El docente no fue retirado del cargo en su momento y actualmente está vinculado de planta en el programa de biología hasta que se tome una determinación, por ahora calificamos la conducta como gravísima debido al nivel de certeza de este tipo de hechos”.
Finalmente, Bedoya señaló que la ley señala que estas faltas gravísimas dan origen a la destitución de los funcionarios que son investigados, de manera que de ser responsables pueden ser inhabilitados en cargos públicos por un tiempo mínimo de 10 años y máximo de 20, además la cancelación inmediata de los contratos.