Procuraduría destituyó por 11 años a profesor por presunto acoso sexual a dos alumnas
Por presunto acoso sexual a dos niñas de su clase, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 11 años, al docente de la Institución Educativa San Pedro Alejandrino de Ibagué (Tolima), José Vicente Lozano Hormaza.
La Procuraduría Regional del Tolima demostró que el disciplinado hostigó y asedió física y verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a dos estudiantes menores de edad, a quienes hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas en el interior de un aula.
En las investigaciones el Ministerio Público, evidenció que el profesor aprovechó el estado de indefensión de sus alumnas para hacerles insinuaciones obscenas que afectaron su integridad, invadieron su sexualidad y atentaron contra su libertad.
Entre las normas incumplidas el ente de control citó el artículo 210-A del Código Penal, que establece que incurre en acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir “(…) quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad (…) persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona (…)”.
Por estos comportamientos prohibidos, ocurridos el 18 de noviembre de 2019, la Procuraduría Regional del Tolima calificó la falta del disciplinado como gravísima cometida a título de dolo.
A juicio del Ministerio Público, la condición de docente Lozano Hormaza “le imponía la obligación de sostener una relación dedicada a la formación integral de las alumnas a él encomendadas (…)”, las cuales no fueron cumplidas en su ejercicio como profesor, por el contrario aprovecho su condición para cometer los indebidos señalamientos en contra de las dos menores edad, alumnas de la institución educativa de la capital tolimense donde el mismo ejercía sus labores.
Para finalizar las autoridades hacen la invitación a los padres de familia, profesores y alumnos, denunciar este tipo de hechos delictivos, con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes de todas las instituciones de educación pública y privada del departamento.