Fallo de tutela ordena proteger la salud y la vida de los internos de la Permanente Central

Continúan las decisiones judiciales a favor de las personas privadas de la libertad en el Tolima, así se dio a conocer luego que el Juez Primero Civil del Circuito fallara a favor de los sindicados que se encuentran recluidos en la Permanente Central de la Policía Metropolitana de Ibagué, luego que se presentara una acción de tutela interpuesta por los Procuradores Judiciales Penales del Tolima y que buscaba salvaguardar el derecho a la vida, salud y dignidad humana de esta población. 

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En lo ordenado por el togado, las Secretarías de Salud Municipal y Departamental deberán coordinar la afiliación al servicio de salud de los internos que no tengan un régimen contributivo o no puedan seguir en él, además, a los detenidos y sindicados de origen venezolano se les deberá presentar el servicio de urgencias por medio de las IPS con las cuales se tenga convenio y que atiendan a los ciudadanos no asegurados. 

Del mismo modo, tanto el municipio de Ibagué y el departamento del Tolima, desde sus administraciones, deberán buscar un lugar idóneo para ubicar a los sindicados y capturados que residen de forma temporal en la Permanente y que presentan un alto riesgo de contagio de COVID-19.

Por otro lado, a la Policía METIB y a la Alcaldía de Ibagué se les ordenó trabajar en conjunto en los traslados físicos de los internos que necesiten ser atendidos en centros médicos asistenciales, protocolo que se deberá adoptar hasta que el Ministerio de Salud y de la Protección Social reglamenten todo lo relacionado en este sentido. 

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Para finalizar, los entes prestadores de salud a los cuales se encuentran adscritos los internos se les ordenó suministrar los servicios de salud requeridos por quienes están a cargo del personal de custodia de la Permanente y colaborar en el trámite de afiliación de quienes no la tienen.

Es de destacar que el edificio de la permanente tiene una capacidad para 100 personas, no obstante, al día de hoy hay cerca de 170 privados de la libertad, de los cuales 18 resultaron infectados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y tuvieron que ser llevados a unas instalaciones alternas ubicadas cerca de la Permanente. 

Esta decisión se une al fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito que analizó una tutela interpuesta por la Procuraduría Judicial y en la que se le ordena al INPEC y a la Cárcel de Coiba Picaleña para notificar a los internos de forma virtual y en el penal sobre las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en relación a sus procesos penales.