Fiscal Barbosa, entregó en Panamá resultados operativos contra el tráfico de migrantes y la trata de personas

Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación judicial y de fortalecer la coordinación entre los países aliados, para garantizar la asistencia, atención y protección de las personas migrantes. Señaló que la situación debe verse no solo como un fenómeno criminal, sino también desde el tema social y económico.

“Celebro que se piense en los equipos conjuntos de investigación, en que podamos seguir trabajando no solamente desde la órbita de nuestros países, sino también desde la misma Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que presido, y que ha sido fundamental para el desarrollo de todas estas dinámicas con una aproximación analítica, estructural, para poder determinar en dónde se están produciendo esos delitos”, recalcó el presidente de la AIAMP.

También destacó los retos que tienen los representantes judiciales en sus países.

“Los retos son importantes, yo diría que el primero de ellos es continuar con el compromiso de los Ministerios Públicos de trabajar en conjunto, de hablarnos entre nosotros, de aprovechar la Convención de Palermo, porque nos permite hablarnos, comunicarnos, establecer ese intercambio de información y fortalecer la cooperación judicial”, afirmó.

Al mismo tiempo insistió en la necesidad de frenar el flujo de dinero ilícito que se mueve detrás del fenómeno migratorio, como una estrategia de impactar el accionar de las estructuras trasnacionales.

“Debemos ser incisivos como Ministerios Públicos en seguir en nuestra tarea de persecución de esas actividades criminales, a través de la destrucción de los flujos financieros, pero al mismo tiempo, a través de la construcción, de la configuración de equipos conjuntos de investigación, que son el resultado del trabajo articulado de nuestros puntos de contacto y fiscales especializados para avanzar en esas dinámicas procesales de manera rápida”, señaló.

Finalmente, el Fiscal General de la Nación hizo un llamado a los jefes del poder ejecutivo de los distintos países para que entre todos coordinen internamente soluciones conjuntas en la lucha contra estos fenómenos que afectan los derechos humanos.

“Yo estoy hasta el final de mi mandato enviando la señal de que es necesario que más allá de las discusiones ideológicas, más allá de los discursos etéreos, que no sirven, para nada, aterricemos y logremos controlar y ver qué vamos a hacer con más de 350 mil personas que están pasando en este momento al frente de las narices de todas las autoridades, sin que nosotros podamos entre todos ponernos de acuerdo para ver cómo lo vamos a resolver”, añadió el jefe del ente investigador.

El encuentro contó con la participación del Procurador General de la República de Panamá, Javier Caraballo Salazar; de representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Centroamérica y el Caribe; además de fiscales especializados en la investigación y persecución del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Canadá, Chile y Perú.